Vaticano reconoce 4.000 casos de pederastia

Un total de 4.000 casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos llegaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe en los últimos diez años, informó el prefecto de esa congregación, el cardenal William Levada, que admitió que la respuesta de la Iglesia fue "inadecuada".

Levada hizo estas manifestaciones en el discurso con el que abrió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma el simposio "Hacia la curación y la renovación", sobre la pederastia, que se prolongará hasta el 9 de febrero y al que asisten delegados de 110 conferencias episcopales y los superiores generales de 30 órdenes religiosas.

Durante el acto se leyó un mensaje Benedicto XVI, en el que afirmó que la curación de las víctimas deber ser "la preocupación prioritaria" de la comunidad cristiana y tiene que ir unida a una "profunda renovación de la Iglesia en todos los niveles".

Levada, por su parte, destacó la lucha del papa contra los abusos a menores por parte de clérigos, que comenzó ya cuando era el cardenal Joseph Ratzinger.

El cardenal señaló que Benedicto XVI ha sufrido los pasados años "duros ataques" por parte de los medios de comunicación, "cuando debería haber recibido la gratitud de toda la Iglesia y de fuera de ella" por la labor realizada y su decisión de "tolerancia cero" con la pederastia.

El purpurado estadounidense, cuya congregación se ocupa de estos casos, dijo que en los últimos diez años llegaron a la misma 4.000 denuncias, "que pusieron de manifiesto, por una parte, la inadecuada e insuficiente respuesta canónica, y, por otra, la falta de una respuesta verdaderamente coordinada".

Levada subrayó la necesidad de que la Iglesia colabore con las autoridades civiles para afrontar los casos de curas pederastas, destacando que el abuso sexual de menores de edad "no sólo es un delito en el derecho canónico, sino que también es un crimen que viola las leyes penales en la mayoría de las jurisdicciones civiles".

Agregó que aunque las leyes civiles varían de nación a nación, el principio siempre es el mismo: "La Iglesia tiene la obligación de cooperar con la ley civil y denunciar esos crímenes a las autoridades competentes".

El cardenal se refirió a la circular que envió el 16 de mayo de 2011 a todas las conferencias episcopales, en la que les pedía que para antes de mayo de 2012 envíen "líneas-guías" para tratar de manera "apropiada" en todas partes esos casos, que han puesto a la Iglesia en la picota.

En esa misiva señalaba que la atención a las víctimas, la cooperación con las autoridades civiles, los programas de prevención y la formación permanente de los seminaristas y del clero son los puntos prioritarios para luchar contra los abusos de menores por parte de clérigos.

Levada pidió hoy a las conferencias episcopales que "actúen", tras señalar que se han movido sólo después de que los escándalos saltaran a la opinión pública.

El cardenal insistió en que las víctimas tienen que ser prioritarias y que es "obligatorio" que la Iglesia las escuche, para saber lo que han sufrido y para que sientan que quiere ayudarlas y se siente apesadumbrada.

A este respecto recordó la carta enviada por Benedicto XVI a las víctimas irlandesas, en las que les decía: "Habéis sufrido inmensamente, y me siento apesadumbrado. Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado, y vuestra confianza (en los clérigos) ha sido traicionada y vuestra dignidad violada".

Sobre la formación de los futuros sacerdotes dijo que deben ser formados en la apreciación de la castidad y el celibato.

El cardenal Levada recordó la puesta al día en 2010 por orden de Benedicto XVI del documento "De Delicta Graviora", de 2001, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos.

Con esa actualización, se dio una vuelta de tuerca en la lucha contra los curas pederastas, aprobando normas entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la introducción del delito de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil.

Levada destacó que la normativa contempla que los procesos sean más rápidos y que algunos casos no sigan "el camino procesal" normal cuando se trate de un hecho muy grave para presentarlos directamente al papa para que el sacerdote culpable pierda lo más pronto posible su condición.

Víctimas de los abusos consideran las medidas "insuficientes" y tardías.