Contra el bajo crecimiento, Brasil acelera las excavadoras

Se abre debate sobre excesivo intervencionismo estatal en la economía brasileña.

Más de 40.000 jornaleros atestan el complejo portuario aquí en Ipojuca, en el noreste de Brasil, construyendo una refinería para la empresa estatal de petróleo. Cinco mil más trabajan intensamente en un astillero, otro proyecto encabezado por el gobierno. Los precios de bienes raíces se disparan y el desempleo cae en esta región a lo largo de la costa del Atlántico, conocida en otra época por su lacerante pobreza.

En una demostración de la extraordinaria influencia que el gobierno brasileño ejerce en casi toda área de importancia de la economía, la presidenta Dilma Rousseff está acelerando una diversidad de proyectos de estímulo a lo largo del país, enfocado a aminorar una desaceleración que ha reducido el crecimiento económico de Brasil a paso de tortuga.

La asertividad de Rousseff para incrementar la participación del gobierno en moldear la política económica no es del todo diferente a la inversión encabezada por el Estado chino, modelo cada vez más popular en el mundo en desarrollo. El gasto de Brasil en estímulo ha contribuido a conservar empleos, manteniendo el desempleo en niveles históricamente bajos de 5,8%, respecto de 13% hace una década. Tras meses de una marcada desaceleración, los índices de aprobación de Rousseff ascienden a más de 60%.

Pero, en un eco del debate sobre los profusos préstamos del gobierno en Estados Unidos y Europa tras la crisis global, las acciones de Rousseff están empezando a enfrentar resistencia en Brasil. Algunos expertos temen que el país se esté volviendo demasiado dependiente de la intervención del gobierno para suavizar los altibajos de una economía que sigue atada a los ciclos de las mercancías; otros temen que la creación de campeones apoyados por el Estado en el mundo de los negocios, le dé al gobierno, incluso, mayor poder para dictar cambios de política, menoscabando potencialmente la exposición de Brasil a fuerzas del mercado.

El impulso detrás de la inversión ya está dando señales de tensión. Se han aprobado tantos proyectos de infraestructura de una sola vez, incluidos estadios para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y plantas hidroeléctricas en el Amazonas, que el gobierno está enfrentando dificultades para gastar todo el dinero asignado. Por ejemplo, apenas se ha gastado un quinto de los 7.000 millones de dólares presupuestados para proyectos viales en 2012.

En Ipojuca, contratistas en proyectos del Estado están atrayendo a trabajadores de otras prioridades gubernamentales, como la construcción de una red de canales de concreto en el Sertao, las remotas tierras semiáridas del interior, en el noreste de Brasil.

Demoras y aumento de costos, en parte debido a escasez de mano de obra, han plagado grandes tramos de ese proyecto, el cual forma parte de un esfuerzo por 4.000 millones de dólares para desviar el flujo del río San Francisco hacia comunidades que necesitan irrigación.

Rousseff defendió vigorosamente su respuesta a la desaceleración (Brasil alcanzó un crecimiento de 0,2% en el primer trimestre). En un discurso el mes pasado, ella marcó una contrastante comparación con las políticas de austeridad en Europa, donde están desempleados más de la mitad de los jóvenes en algunos países.

“Nosotros no tenemos una visión que justifique un ajuste que deja a 54% de los jóvenes de un país sin trabajo”, dijo. “Nosotros nunca lo pensamos así; nuestra política claramente es en defensa del empleo”.

La posición de Rousseff refleja el amplio espacio fiscal de Brasil, ya que mejoras en la recaudación de impuestos y el repunte previo de la economía contribuyeron a apuntalar las finanzas del Estado. Sin embargo, su pensamiento también está arraigado en la fuerte tradición brasileña de liderazgo gubernamental de la economía.

Los funcionarios en la cúspide de las empresas paraestatales de Brasil argumentan que la nación aún necesita ese tipo de extensos proyectos para consolidar los avances en la reducción de la desigualdad.

“Es un catalizador de la creación de empleos”, dijo María das Gracas Foster, la directora ejecutiva de la empresa nacional del petróleo, Petrobras, en una entrevista, al referirse a políticas que le exigen a la petrolera comprar barcos hechos en Brasil aun cuando astilleros apoyados por el Estado están empantanados en demoras. Brasil tiene una red de empresas paraestatales del ramo de energía, incluida Petrobras, y bancos como el Banco do Brasil, el mayor prestamista de América Latina por activos.

Más sutilmente, pero quizá con un impacto incluso más duradero, las autoridades también ejercen influencia económica a través del Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico, institución en Río de Janeiro que ha crecido como hongo, prestando cuatro veces la suma del Banco Mundial por todo el mundo.

Al igual que el Banco Mundial, el Banco Nacional de Desarrollo financia grandes proyectos de infraestructura enfocados a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo. Fundado en 1952, este banco permaneció bajo control del Estado a lo largo de la ola privatizadora de Brasil en los 90, financiando incluso muchas de las subastas del gobierno de empresas estatales.

Bajo el gobierno del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de 2003 a 2010, el banco se expandió decisivamente, adquiriendo participaciones minoritarias en diversas empresas privadas. Algunas son enormes, como JBS, el mayor empacador de carne en el mundo. Otras con empresas nuevas, como Bug Agentes Biológicos, que produce avispas masivamente para combatir a las larvas que amenazan cultivos de soya.

En combinación, el Banco de Desarrollo y los fondos de pensión de grandes empresas del Estado tienen acciones en casi 200 empresas brasileñas, por arriba de las 95 que tenían hace una década. En algunos casos, estas posesiones le permiten al gobierno expulsar a poderosos líderes corporativos. Demostró esa capacidad en 2011, cundo obligó a renunciar a Roger Agnello, el director ejecutivo del gigante minero Vale, después de haber irritado a funcionarios con el despido de 1.300 empleados y haber abatido inversiones en Brasil.

Si bien ceden a sus deseos, algunos intereses de negocios están empezando a sentir irritación bajo las políticas intervencionistas de Rousseff.

“Necesitamos con urgencia cambiar el rumbo”, dijo la influyente revista de negocios Exame en un editorial de este mes, quejándose de lo que describió como la “mano dura” de Rousseff.

Han surgido inquietudes en torno a la creciente deuda del consumidor, con nueve millones de brasileños sacando préstamos en 2011 por primera vez. Al mismo tiempo, las valuaciones de algunas de las empresas más grandes de Brasil han descendido, en tanto la divisa del país, el real, ha caído frente al dólar. Ipojuca está en el estado de Pernambuco, donde están claramente de manifiesto tanto las ventajas como las desventajas de una fuerte dependencia al gobierno.

Del lado positivo está la fuerza y adaptabilidad de Brasil en tiempos de turbulencia económica a lo largo del mundo.

“Por supuesto, nos preocupa que el contagio llegue a nuestras costas, pero no hay sensación de crisis por ahora”, dijo Frederico da Costa Amancio, director ejecutivo del Puerto de Suape, que alberga a la refinería de Petrobras que está en construcción al lado de fábricas que producen todo, desde turbinas de energía eólica hasta papitas fritas.

Pero en comunidades como Agrovila Seis en el interior, la inversión del estado ha sido una bendición mixta. Tras una abundancia en 2007, cuando llegaron los trascabos para mover la tierra y cavar canales enfocados a desviar el río San Francisco, el optimismo se disipó después de que los contratistas empezaron a suspender el trabajo el año pasado, generando temores de elefantes blancos en el Sertao.

Rousseff visitó personalmente los sitios en construcción en febrero. Más adelante, juró que incrementaría el número de trabajadores en el proyecto para finales del año, de 4.500 a 6.500. Aún así, Agrovila Seis va cojeando, lo cual refleja la desorganización de uno de los mayores proyectos de infraestructura de Brasil. Las casas vacías para trabajadores infunden a parte de la comunidad la sensación de un pueblo fantasma.

“Trato de no sentirme abatida por mis deudas”, dijo Eliane da Silva, propietaria de un restaurante en el pueblo que solicitó préstamos para comprar equipo; su clientela, integrada mayormente por cuadrillas de trabajadores, se ha desplomado. “Intento imaginar a dónde fue a parar todo el dinero para este proyecto”.