OEA verifica proceso de tregua entre pandillas de El Salvador

Según datos oficiales, el pacto acordado en marzo bajó el índice de homicidios en el país en un 40%. Sin embargo, persisten las dudas.

La Mara Salvatrucha y la Mara 18, dos de las pandillas más peligrosas de Centroamérica, aliadas con los carteles del narcotráfico y que han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, acordaron hace cuatro meses una tregua. Gracias a la mediación de la Iglesia Católica, los líderes de estas organizaciones criminales, presos en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca les ordenaron a sus células detener la violencia, dejar de reclutar menores en las escuelas y frenar los asesinatos.

Para constatar el avance de dicho plan, que según las autoridades ayudó a bajar de 14 a 5,6 el promedio diario de homicidios, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, viajó a El Salvador para analizar el avance de la tregua sin precedentes entre pandillas.

Invitado por el vicario castrense Fabio Colindres, facilitador del pacto, Insulza da continuidad a la visita que en mayo realizó el subsecretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, quien confirmó que esa organización realiza un "acompañamiento y observación" del proceso. Insulza se reunión con los líderes de las temidas bandas y también con el presidente Mauricio Funes. Mañana, cuando termina su visita, el jefe de la OEA participará en el denominado "Acto humanitario por la paz y el cese de la violencia en El Salvador", en una céntrica plaza capitalina, acompañado de Colindres y del otro mediador del pacto: el antiguo comandante guerrillero y ex diputado Raúl Mijango.

Sin embargo, hay varios sectores que dudan de la real efectividad de la tregua y criticaron al gobierno. Funes, por su parte, siempre ha negado que su administración haya negociado con pandilleros, aunque reconoció que permitió el traslado de los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales para que ordenaran a las células y se frenara la violencia.

La directora del Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, opina que la reducción del número de homicidios no debe ser el "indicador más confiable para evaluar la efectividad o la eventual sostenibilidad de la tregua", porque las denuncias de desaparecidos aumentan. Aguilar lamentó además que el gobierno "no ha dado muestras claras" de estar comprometido con un enfoque que "privilegie la prevención" de las pandilals y criminalidad en general, sino que más bien "profundiza" enfoques represivos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, al bajar los homicidios El Salvador salió del grupo de países más violentos del mundo -en el que están Honduras y Guatemala-, pero advirtió que el desafío es el "mantenimiento" de la tregua y "evitar que más jóvenes se sumen a estas organizaciones delictivas".Según Medrano, el Estado debe "quitarles" a las pandillas los "territorios que controlan", con proyectos de prevención que, por requerir una "millonaria inversión", deben tener la colaboración de diversos sectores del país y la comunidad internacional.

Funes inició una serie de encuentros con empresarios, iglesias, académicos y y otros sectores para alcanzar "un gran acuerdo nacional" que ayude a generar oportunidades de empleo, a fin de reducir la violencia que afecta al 38% de los 6,1 millones de habitantes.

Dicen reportes de organismos de derechos humanos, que a pesar de haber declarado a las escuelas como "zonas de paz", los crímenes y desaparición de estudiantes han continuado en el país. Mijango precisó a la AFP que en los primeros 123 días de tregua se evitaron 1.077 muertes y una "reducción significativa" de las extorsiones que las maras cometen contra particulares, comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.

Los "enemigos" de la tregua, para Mijango, son "grupos de extermino" que están matando pandilleros y el "escepticismo" de la sociedad, sobre la solución del problema. En el hacinado sistema penitenciario salvadoreño con capacidad para 8.100 internos, hay 26.195 presos, 9.627 de estos pandilleros, según cifras del ministerio de Seguridad. Pero en las calles permanecen otros 50.000 pandilleros.

Según el diario digital elsalvador.com, los líderes de las pandillas ‘El Diablo’ y ‘El Viejo Lin’ (Romeo Enrique Henríquez y Carlos Ernesto Mojica), recluídos en las cárceles de Ciudad Barrios y Cojutepeque confirmaron su intención de continuar con la tregua y destacaron la reducción de los homicidios.

Ambos pandilleros rechazaron haber negociado con el gobierno. ‘El Viejo Lin’ aseguró: “No hubo ni habrá negociación, ni con el ministro, ni con el presidente. Durante años hemos buscado acercamientos con los gobiernos y siempre hemos sido engañados. Lo que hemos logrado es un proceso interno, primero en la pandilla y luego con la otra pandilla con el objetivo de para la violencia”.

Durante años, los gobiernos salvadoreños lanzaron varios leyes antimaras que provocaron que se aumentara el nivel de violencia y su organización. De hecho, los pandilleros hicieron de las cárceles sus cuarteles y desde allí cometían sus crímenes. Así se convirtió El Salvador en el país más violento de América Latina.

Según reportes de prensa, durante la guerra civil salvadoreña, que duró 20 años y terminó en 1991, Estados Unidos apoyó con armas y dinero a los escuadrones d ela muerte (militares encubiertos), responsables de 30.000 asesinatos. En el campo, el ejército desató una verdadera carnicería. En los años 80, miles de salvadoreños huyeron a Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, en donde nacen las pandillas. Luego se trasladan a sus países de origen. Años después, el FBI identificó a las maras como el grupo criminal organizado más violento en Estados Unidos.