Guantánamo: 10 años de derechos pisoteados

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Musaab Omar al Madhwani  ha pasado casi un tercio de su vida bajo custodia de Estados Unidos. A sus 32 años, el ciudadano yemení lleva más de 10 recluido en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba. La historia comenzó el 11 de septiembre de 2002, cuando las fuerzas de seguridad paquistaníes lo detuvieron en un apartamento de Karachi. Según contó posteriormente, lo ataron, le vendaron los ojos, lo golpearon con un fusil y lo amenazaron de muerte.

Unos cinco días después lo entregaron a las fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron en avión a Afganistán; allí pasó en torno a un mes en un centro secreto gestionado por Estados Unidos, situado en Kabul o en sus proximidades.

Según cuenta, durante ese tiempo sufrió tortura y otros malos tratos, como privación del sueño, posturas forzadas y duchas de agua fría.

A finales de octubre de 2002, Musaab Omar Al Madhwani fue enviado a Guantánamo, tras pasar otros cinco días detenido ilegalmente en la base aérea estadounidense de Bagram y sufrir nuevos abusos.



Limbo jurídico

Pasaron dos años más hasta que tuvo acceso a un abogado, y casi seis hasta que la Corte Suprema de Justicia estadounidense resolvió que él y otras personas recluidas en Guantánamo tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Finalmente, la petición de habeas corpus de Musaab Al Madhwani se estudió en 2010.

Han pasado más de 10 años desde que quedó bajo custodia, y Estados Unidos, que no lo ha acusado de ningún delito, alega que tiene derecho a mantenerlo recluido indefinidamente en nombre de su “guerra” global contra Al Qaeda y sus grupos afines.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Musaab Al Madhwani viajó a Afganistán en 2001 para recibir entrenamiento con armas de fuego en un campamento de Al Qaeda, en donde afirman que se alió con miembros de la organización.

En 2010, el juez de la Corte Federal de Primera Instancia encargado de estudiar la petición de Musaab al Madhwani que impugnaba la legalidad de su detención otorgó al gobierno el beneficio de la duda. Este juez federal, que describió su fallo como “una causa sumamente hermética”, concluyó que Musaab al Madhwani era “como mucho, una figura menor en Al Qaeda” que al parecer “nunca finalizó su adiestramiento en el manejo de armas”, “nunca disparó un arma en una batalla”, y nunca “planificó conspiraciones terroristas, participó en ellas o siquiera tuvo conocimiento sobre ellas”. En mayo de 2011, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo.

El juez de la Corte Federal de Primera Instancia consideró que las denuncias de abusos sufridos por Musaab al Madhwani durante su detención e interrogatorio en Afganistán eran “creíbles”. Sin embargo, según parece, los indicios de que fue víctima de desaparición forzada y tortura mientras estuvo bajo custodia estadounidense antes de su traslado a Guantánamo, crímenes recogidos en el derecho internacional, no han dado lugar a una investigación criminal, lo que supone el incumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas por Estados Unidos en el ámbito internacional.


La punta del iceberg

La historia de Musaab al Madhwani ilustra las injusticias cometidas en el marco de la guerra global de Estados Unidos y lo destructivo que sigue siendo ese marco para los principios de los derechos humanos.

Más de 150 hombres siguen recluidos en Guantánamo. Muchos han afirmado que sufrieron tortura y otros malos tratos bajo custodia estadounidense. La rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos ha sido escasa, y el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas adoptadas por exdetenidos para obtener un resarcimiento por estas violaciones de derechos humanos.

De los 779 detenidos recluidos en la base de Guantánamo desde 2002, sólo uno ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado ante una corte federal ordinaria. Otros han sido enjuiciados ante comisiones militares, en procesos que incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales. Actualmente, el gobierno pide la pena de muerte para seis de los hombres sometidos a estos juicios, lo que supone una clara violación del derecho internacional.

En el caso de algunos detenidos, el gobierno estadounidense ha “autorizado el traslado” desde Guantánamo, pero no se les puede enviar de vuelta a sus países de origen porque allí sufrirían nuevos abusos. Sin embargo, dado que Estados Unidos se niega a permitir que los detenidos que quedan en libertad permanezcan en su territorio, continúan en Guantánamo hasta que se encuentre una solución enviándolos a un tercer país, algo que puede tardar años en ocurrir.

En septiembre de 2012, un suceso recordó la crueldad de este sistema de detención indefinida, al conocerse la noticia de que el yemení Adnan Farhan Abdul Latif se había convertido en el noveno interno del que se sabía que había muerto en Guantánamo. Llevaba más de 10 años recluido sin cargos ni juicio.

Según las autoridades militares estadounidenses, seis de las ocho muertes anteriores fueron suicidios y dos se produjeron por causas naturales.

Adnan Latif había llegado a Guantánamo en enero de 2002; en diciembre de 2001, la policía paquistaní lo había aprehendido cerca de la frontera de Pakistán con Afganistán y lo había puesto bajo custodia de Estados Unidos.

Llevaba recluido en la base naval desde entonces, a pesar de que su salud física y mental había sido motivo de considerable preocupación a lo largo de los años.

Un juez de una Corte Federal de Primera Instancia resolvió que su reclusión era ilegal y que debía quedar en libertad; cuando una Corte de Apelaciones de Estados Unidos anuló ese fallo, Adnan Latif dijo a su abogado:“Soy un preso condenado a muerte”.


El futuro de Guantánamo

La muerte de Adnan Latif debe constituir un claro mensaje sobre la ilegalidad del centro de detención.

“Para todas las autoridades políticas y judiciales de Estados Unidos, al margen de su ideología política o filosofía judicial, la muerte de Adnan Latif debe poner de manifiesto la crueldad del sistema de Guantánamo, su incompatibilidad con los principios y el derecho internacional de los derechos humanos, y la urgente necesidad de cerrar Guantánamo y dar una solución a las detenciones conforme a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

En su segundo día en el cargo, el presidente Obama se comprometió a que su gobierno cerraría el centro de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010 como muy tarde. Describió la prisión como “un experimento erróneo”, y añadió que “se mire por donde se mire, el coste de mantenerlo abierto es muy superior a las complicaciones que conlleva su cierre”. Han pasado más de dos años y medio y sigue abierto.

Las autoridades estadounidenses deben adoptar medidas urgentes para reparar estos 10 años de derechos pisoteados. Quienes siguen recluidos en Guantánamo deben ser sometidos a juicios con garantías ante tribunales ordinarios independientes, o deben quedar libertad; eso es parte de lo que los principios internacionales de derechos humanos exigen a Estados Unidos.


Guantánamo: 10 años de injusticias en 10 cifras

Hace casi 11 años que se trasladó a los primeros detenidos al centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.

Ha habido 779 personas recluidas en Guantánamo, la gran mayoría de ellas sin cargos ni juicio penal.

Al menos 12 de las personas recluidas en Guantánamo eran menores de 18 años cuando las detuvieron.

Hay aún más de 150 hombres recluidos en Guantánamo.

Se ha trasladado al territorio continental estadounidense para su juicio ante un tribunal federal a 1 detenido de Guantánamo.

Se ha declarado culpables ante una comisión militar a 7 detenidos de Guantánamo, a cinco de ellos –de los que cuatro han sido repatriados– como consecuencia de acuerdos previos al juicio en virtud de los cuales admitieron su culpabilidad.

El 16 de octubre de 2012, un tribunal de apelaciones estadounidense anuló la declaración de culpabilidad de uno de los dos detenidos en cuyos casos no se alcanzó ningún acuerdo previo al juicio y que fueron, por tanto, juzgados. Consideró que prestar “apoyo material al terrorismo” no era un crimen de guerra en la legislación estadounidense en el momento de la presunta conducta por la que fue juzgado en aplicación de la Ley de Comisiones Militares de 2006.

En la actualidad, 6 detenidos de Guantánamo podrían ser condenados a muerte tras ser juzgados sin garantías ante una comisión militar.

Han muerto bajo custodia en Guantánamo 9 detenidos, el último en septiembre de 2012. Según las autoridades, seis de las ocho muertes anteriores fueron suicidios, y las otras dos se produjeron por causas naturales.
 
Alrededor de 600 detenidos de Guantánamo han sido trasladados a otros países desde 2002.

En 2010 había 48 detenidos que no serían puestos en libertad ni juzgados jamás, sino sometidos a reclusión indefinida, según el gobierno de Obama.