El Tíbet: otro escándalo en el Congreso del Partido Comunista

El XVIII Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) se realiza en medio del más grande escándalo político que ha vivido la elite gobernante del país desde que está en el poder, hace más de seis décadas. Dirigentes políticos que aspiraban a llegar con su popularidad intacta al histórico encuentro han terminado manchados por la corrupción y el tráfico de influencias (este es el caso del saliente primer ministro, Wen Jiabao), o implicados en homicidios (así le sucedió al ya destituido jefe del PCCh en Chongqing, Bo Xilial). Pero en pleno Congreso, otro escándalo, esta vez de tipo étnico, sacude al país y se roba la atención mundial: los tibetanos siguen prendiéndose fuego en protesta por la sistemática represión que sufren por parte del ejército rojo.

Una nueva oleada de inmolaciones de tibetanos (se habían inmolado 60 desde marzo), que registra seis casos en los últimos dos días, entre ellos los de cuatro monjes adolescentes y una joven madre, ha motivado que un gran número de manifestantes en la supuesta región autónoma del Tíbet, al occidente de China, salgan a la calle a protestar contra el Gobierno, que reúne este viernes a miles de sus representantes para fijar el rumbo del país en los próximos diez años y nombrar nuevo presidente.

Las manifestaciones se realizan para protestar contras la "ocupación del Tíbet" y el estricto control del Gobierno chino, según informan "Free Tibet" y "Radio Free Asia". Estas movilizaciones no son nuevas. Desde que las inmolaciones comenzaron a hacerse frecuentes, en marzo del año pasado, los tibetanos han logrado importantes manifestaciones para mostrar al mundo las medidas que el silencioso gobierno chino lleva a cabo en su territorio.

Lo que han logrado las inmolaciones, sin embargo, es que haya una mayor presencia de las autoridades chinas en varias provincias del Tíbet, y que se haya introducido el programa Reeducación patriótica en el monasterio de Kirti, entre otros, que es el mayor monasterio de la provincia de Ngaba, donde viven alrededor de tres mil monjes. El programa de reeducación es usado por China para controlar la religión y la cultura tibetanas. En el marco de este programa los monjes son forzados a renunciar a las imágenes y creencias en el Dalái Lama, una de las más reverenciadas figuras de su religión. Los castigos por no obedecer pueden ser la expulsión del monasterio, la detención o la tortura. El programa también ha impuesto el chino, en vez del tibetano, como el lenguaje principal de la educación primaria.

China considera al Tíbet parte del país desde hace siglos, por uniones dinásticas y conquistas en la época imperial, si bien para los tibetanos en el exilio el "Techo del Mundo" era virtualmente independiente hasta que fue ocupado por el Ejército comunista a principios de la década de los 50 del siglo pasado. No es muy probable que con el relevo generacional en el PCCh, que está marcado por el continuismo en la política del gigante asiático, se produzca un cambio que favorezca a los tibetanos. La organización "Free Tibet" asegura que el Gobierno chino, en respuesta  a las masivas movilizaciones de tibetanos que se iniciaron desde este jueves pero empezaron a conocerse este viernes, ha enviado numerosos grupos de paramilitares para disuadir a los protestantes, por lo que alertan sobre el estallido de posibles  "enfrentamientos" entre ellos y los tibetanos.
 
La presión internacional para que el gobierno chino disminuya las represiones sobre el Tíbet empieza a mostrarse con mucha timidez. Ya la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hizo la pasada semana un llamamiento al Gobierno del presidente Hu Jintao (que será reemplazado por Xi Jinping) para que controlase lo que está sucediendo en el Tíbet y en las provincias colindantes. Pillay dijo sentirse "abrumada por las continuas alegaciones de violencia contra los tibetanos que simplemente quieren disfrutar de sus derechos fundamentales como la libertad de culto, de expresión y de asociación". "Los informes hablan de detenciones y desapariciones, excesivo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y menoscabo de los derechos culturales de los tibetanos", agregó.

Sin embargo, pese a la importancia que pueda tener el  llamado de la Comisionada, no es previsible que las grandes potencias por su parte, o la comunidad internacional en su conjunto, se atrevan a tomar medidas para sancionar las acciones de las autoridades chinas contra los tibetanos. La razón es simple: el gigante asiatico es la segunda potencia económica del planeta (podría convertirse en la primera si se agudizan las crisis financieras en Occidente), cuenta con armamento nuclear y químico y es clave en el funcionamiento de los mercados internacionales. Pocos países se van a atrever a juzgar o intervenir a su poderoso socio. Además, China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que difícilmente se aprobaría en esta instancia (que es donde se deciden las acciones concretas de la comunidad internacional) sanciones en su contra.