Analizando posibles salidas jurídicas al fallo de La Haya

La canciller Holguín afrontó ayer sendos debates de control político en el Congreso. / AFP

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene las consultas con el fin de definir qué camino tomar frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en que a Colombia se la mantuvo la soberanía sobre siete cayos, en la zona de la isla de San Andrés, que Nicaragua reclamaba, pero se perdió una porción de mar que alcanzaría más de 100 mil kilómetros cuadrados.

La canciller María Ángela Holguín se paseó ayer por la plenaria del Senado y por las comisiones Primera de esa misma corporación y Segunda de la Cámara de Representantes, donde tuvo que responder a los cuestionamientos de la clase política por los presuntos errores en la defensa de la soberanía nacional. “Deploro la decisión de la Corte, pero no nos vamos a resignar a lo que ha pasado. Llamo a la tranquilidad de que ésta no la vamos a pasar así nada más”, dijo.

También expresó que el Gobierno colombiano recurrirá a la opinión de otros internacionalistas para que den luces sobre las posibilidades jurídicas que permitan reversar la decisión. Incluso, se estudia la posibilidad de pedir a la misma Corte de La Haya una “revisión” y una “aclaración” del fallo proferido. Entre las estrategias que se estudian para solicitar la revisión del fallo se contempla una acción conjunta con los gobiernos de Costa Rica y Panamá, e incluso se ha hablado con los embajadores colombianos en Estados Unidos y Jamaica para presentar las quejas respectivas por la afectación que tiene el fallo para terceros países.

La canciller reconoció ante el Congreso que la decisión implica pérdidas ambientales y económicas para Colombia, al reducirse el acceso de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a un importante banco de pesca. Otra ‘movida’ que se analiza por parte de la Casa de Nariño es enviarle una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para solicitarle que revise los “vacíos jurídicos” que, a su juicio, se detectan en la decisión de la Corte de La Haya.

Fuentes jurídicas en La Haya han explicado que Colombia puede expresar su descontento con la petición de una “interpretación” del fallo, para lo cual debe haber una base jurídica que lo sustente, aunque reconocen igualmente que en conflictos fronterizos el proceso resulta “más complicado”. Al cierre de esta edición, el debate de control político en la plenaria del Senado aún no empezaba y El Espectador conoció que los partidos que integran la coalición de la Unidad Nacional fueron contactados ayer en la mañana por asesores de la Casa de Nariño y se les pidió que le “bajaran el tono” a los cuestionamientos contra la ministra María Ángela Holguín y que, por el contrario, emitieran mensajes de apoyo y solidaridad para con el Gobierno Nacional.

Colombia estudia retirarse del Pacto de Bogotá

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció que el Gobierno colombiano  estudia “seriamente” su retiro del pacto de Bogotá, suscrito en 1948 y ratificado en 1968,  que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a raíz del fallo que emitió esta instancia el martes y que concedió una buena porción de área marítima que era de Colombia a Nicaragua. Fue por haber ratificado el Pacto de Bogotá que Colombia tuvo que comparecer ante la Corte en el diferendo con Nicaragua para evitar peores resultados que los obtenidos. Si el país hubiese decidido no comparecer,  la Corte hubiera podido continuar el proceso en ausencia de Colombia. El retiro del Pacto de Bogotá, sin embargo, no implicaría  la anulación del fallo, y sí un retroceso en el la  política exterior colombiana. Aun cuando Colombia decida desacatar el fallo y retirarse del Pacto, la presión regional e internacional obligaría al país a buscar una negociación con Nicaragua, que muy probablemente se negará a ceder un  centímetro del mar que La Haya le entregó.