Un principio de solución

El presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín en la cumbre de Unasur, en donde se anunció el contacto con Nicaragua. / EFE

A pesar de que en repetidas ocasiones Colombia ha denunciado como injusto e ilegal el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que fijó los nuevos límites marítimos con Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos está dispuesto a dialogar con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, algo de suma importancia para hallarle una salida a la crisis que desató en nuestro país la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe. Hasta ahora, ésta es la única acción concreta que puede tener efectos directos e inmediatos sobre la población que se puede ver afectada por cuenta de la citada decisión.

Al gobierno colombiano le urge una salida que haga eco del inconformismo de la población con respecto al fallo, pues una de las principales dificultades que ha experimentado es que la mayoría de la población le endilgue la responsabilidad por lo sucedido. De otra parte, el contacto con Nicaragua abre la posibilidad de establecer un compromiso directo para garantizar el acceso a los dos cayos enclavados (Quitasueño y Serrana) en aguas nicaragüenses. Un compromiso público por parte de Managua aliviaría la inquietud de decenas de pescadores de la isla. Por último, el contacto con Ortega le brinda a Santos la oportunidad de conocer de primera mano las intenciones de Nicaragua sin que en ello medie la desinformación que tanto daño le ha provocado a la relación binacional.

En los últimos días, las denuncias contra una invasión nicaragüense en San Andrés se han multiplicado, llegando a evocar una alianza encabezada por Venezuela para que Managua lance una ofensiva contra las islas. Posibilidades que se contemplan públicamente de manera irresponsable y sin asidero en la realidad.

Cabe recordar en estos difíciles momentos que las relaciones entre Colombia y Nicaragua no estuvieron marcadas por la tensión hasta el triunfo de la Revolución sandinista. A pesar de lo que se piensa en Colombia en cuanto a la figura de Daniel Ortega, asociada a la hostilidad, el tema de la frontera ha unido a las diferentes fuerzas políticas nicaragüenses. Fue Arnoldo Alemán quien en 2001 demandó a Colombia frente a la CIJ para someter a dicha jurisdicción la delimitación entre ambas naciones.

Desde ese entonces, a pesar de que la tensión ha estado presente, no se trata de rivales que tengan un pasado histórico de confrontación. Aunque las tensiones en los últimos años han sido evidentes, no alcanzan la envergadura de otros litigios entre rivales históricos. Además, los distanciamientos no sólo han pasado por el litigio, sino por la internacionalización del conflicto colombiano a finales de los noventa. Durante la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, Ortega, como dirigente de la oposición nicaragüense, le impuso la Orden Sandino a Manuel Marulanda. Como no se trataba de un jefe de Estado en ejercicio, sino del líder de la oposición con pocas opciones de acceder a la presidencia, se pensó que el hecho no tendría mayor eco.

Pero para sorpresa de muchos, en 2007 Ortega volvió a ganar las elecciones (después de haber sido derrotado en dos ocasiones anteriores). Con un vecindario agitado con la irrupción de la denominada Nueva Izquierda Latinoamericana, en marzo de 2008 ocurrió la Operación Fénix, y las relaciones entre Colombia y Nicaragua atravesaron su peor momento. Todo ello se alivió por la gestión del presidente dominicano, Leonel Fernández, quien en el seno del Grupo de Río fue capaz de encontrar un principio de solución. No obstante el clima de reconciliación, el enfrentamiento verbal entre Ortega y Uribe fue palpable. De allí surgió la famosa declaración del expresidente colombiano comprometiéndose a respetar el fallo de la CIJ, al margen del resultado. Con la perspectiva histórica que permite la actualidad, se puede inferir que, en su momento, Uribe lo hizo o bien por la premura de la necesidad para destrabar las relaciones, o bien por el convencimiento de ganar el fallo.

En estos años, las relaciones entre Santos y Ortega no han sido del todo malas. El restablecimiento de vínculos con Ecuador y Venezuela allanó el camino para que no hubiera mayores tensiones, a pesar de incidentes fronterizos constantes. Hoy se puede observar una paradoja que surge de la actual situación. A pesar de la indignación colombiana a propósito del fallo, ninguno de los dos mandatarios ha siquiera mencionado la posibilidad de romper las relaciones. Al margen de las críticas que con justa causa se le pueden hacer al Gobierno, el aplomo a la hora de abordar la relación con Managua es digno de admiración.

Fragatas colombianas en el meridiano 82

A pesar del anuncio del presidente Daniel Ortega a mediados de la semana, en el que aseguró que su país ya custodiaba el mar Caribe que el fallo de la Corte Internacional de Justicia puso bajo su soberanía, la agencia de noticias EFE informó que fragatas y aviones de la Armada de Colombia permanecen en esas aguas. El objetivo de mantener las fragatas y los sobrevuelos es proteger a un grupo de diez a doce barcos colombianos que siguen practicando pesca de altura, así como garantizar la seguridad de sus tripulantes y custodiar las líneas de comunicación, dijeron a EFE fuentes de la Armada.

La Marina efectúa un promedio de dos vuelos diarios sobre las aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rodeado en buena parte por la franja de mar que la CIJ atribuyó a Nicaragua en su fallo del pasado 19 de noviembre. También vigilan los siete cayos sobre los que la Corte de La Haya confirmó la soberanía colombiana, que se ubican alrededor de las tres islas mayores, aunque dos de ellos (Quitasueño y Serrana) han quedado como enclaves precisamente en uno de los mayores bancos de pesca y langosta de esa parte del Caribe.

* Profesor de la Universidad del Rosario.