Colombia no tenía nada que ganar

El 19 de noviembre, Peter Tomka, uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, dio lectura al fallo que determinó los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. / AFP

La Corte Internacional de Justicia, en un fallo en el que se apartó de los principios fundamentales del derecho internacional y de su propia jurisprudencia, generó indignación en Colombia y sorpresa en medios internacionales, y convirtió además al Caribe en un semillero de potenciales conflictos. No obstante, hay que tener en cuenta algunos aspectos.

Desde que nuestro país, como punto fundamental de su política exterior, aceptó en una forma u otra la jurisdicción de la Corte en el período comprendido entre 1932 y 1968, se vio abocado a un caso en el que no tenía nada que ganar; contrariamente a Nicaragua que nada tenía qué perder. La Corte, sin embargo, confirmó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, que Nicaragua había venido pretendiendo desde 1913, luego en 1980 y, finalmente, en el 2001. Confirmó igualmente la vigencia y validez del Tratado Esguerra-Bárcenas que ese país trataba de desconocer, incluso desde el mismo día de su firma desde el 24 de marzo de 1928.

La Corte, asimismo, rechazó la pretensión que desde 1971 planteó Nicaragua sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. En esa época, el dictador Anastasio Somoza logró durante casi 10 años dilatar la aprobación del Tratado Vázquez-Saccio de 1972 sobre los citados cayos por parte del Congreso norteamericano, a pesar de que dicho instrumento no era favorable para Colombia y que los Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar todos los requerimientos y opiniones nicaragüenses.

Tampoco aceptó la Corte que Quitasueño no fuese susceptible de soberanía y que, por consiguiente, formaba parte de la plataforma continental nicaragüense. Para el efecto, Nicaragua había alegado las posiciones coincidentes expresadas sobre el particular por los Estados Unidos en el Tratado de 1972 con Colombia y por el Reino Unido en 1927. La Corte afirmó que Quitasueño es una isla colombiana a la que le asignó aproximadamente 3.576 kilómetros cuadrados de mar territorial.

La Corte reiteró además que los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, que no solamente pretendía Nicaragua sino que también habían sido reclamados por los Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, pertenecen a Colombia. Igualmente, ratificó la soberanía colombiana sobre los cayos del Este-Sureste y Alburquerque.

Asimismo, negó la pretensión de Nicaragua a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva hasta una línea trazada al oriente del área, entre Cartagena y el Archipiélago. Asignó a San Andrés y Providencia unos 141.000 km² de espacios marítimos —el 64 % del área disputada— equivalentes a la suma de la extensión de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda juntos. Entre dichos espacios se cuentan las zonas más ricas en pesca del Archipiélago, con excepción de un triángulo en la parte norte, que fue defendido por Colombia con el meridiano 82 en la primera fase del caso.

Nuestro país no perdió un solo centímetro de “mar territorial”, pero vio afectadas partes de la zona económica y de la plataforma continental que consideraba le correspondían. La delimitación establecida por la Corte fracturó en forma absurda el Archipiélago de San Andrés y se llevó por delante acuerdos concertados por Colombia con otros Estados en el área.

En este dilatado proceso trabajó un equipo colombiano constituido por funcionarios, juristas y expertos de primera línea que se dedicaron durante 11 años en interminables jornadas a trabajar en el caso como la razón de su vida. Se compilaron miles de documentos en un país que no tenía el sentido de su importancia. Se examinaron los principales archivos centroamericanos; archivos nacionales y privados en los Estados Unidos, y archivos españoles, británicos y franceses. Se revisaron además más de 5.000 mapas en los cuatro puntos cardinales y se consultó con los mejores juristas del mundo. Nunca antes se había hecho una labor tan seria y minuciosa en un tema de estas características.

También debe destacarse el papel fundamental de la Armada Nacional, que desde el primer momento hizo aportes definitivos en el proceso: otro hubiera sido el resultado sin su trabajo de muchas décadas. Otras entidades del Estado también realizaron importantes contribuciones, entre ellas, la Universidad Nacional en San Andrés, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Archivo Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Procuraduría General de la Nación y muchas más que merecen el reconocimiento nacional.

Igualmente, Colombia contó con la asesoría de los más importantes internacionalistas del mundo con amplia experiencia y respetabilidad ante la Corte Internacional de Justicia, que a su vez trabajaron con geógrafos, geólogos, cartógrafos y expertos reconocidos como los mejores en el ámbito internacional. Durante las diversas etapas del proceso, participaron algunos de los más connotados internacionalistas del país y durante muchos meses con unos y otros debatimos todos los asuntos para buscar los mejores argumentos.

Cada posición fue consultada, discutida y aprobada por el Gobierno y respaldada por la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; el foro legal de discusión de la política exterior de nuestro país, que desde 1969 celebró casi medio centenar de reuniones sobre el tema; todas las posibilidades, desde las más favorables hasta las más negativas —que iban más allá de lo establecido en el fallo del 19 de noviembre—, fueron consideradas y analizadas en su momento. Desde que Nicaragua presentó su demanda se hicieron centenares de consultas y reuniones de información con todos los estamentos nacionales, en las que se explicaron los criterios y la estrategia de la parte colombiana, así como los argumentos de la contraparte.

Colombia sigue teniendo el área marítima más importante en todo el Caribe Occidental: más extensa que la de cualquiera de los demás países del área. No obstante, la Corte ha producido un fallo que en materia de delimitación marítima se circunscribió a una operación geométrica y no a un sólido análisis jurídico, lo que le generará por muchos años resistencia y desconfianza dentro de la comunidad internacional.

*Excanciller, exembajador y jefe del equipo defensor de Colombia en La Haya.