¿Y los pescadores sanandresanos?

Quitasueño, una de las áreas de Colombia que quedaron enclavadas en aguas nicaragüenses. / Andrés Torres

Mientras el Gobierno colombiano prepara la ofensiva jurídica para enfrentar el fallo de la CIJ —que entregó a Nicaragua alrededor de 75 mil kilómetros cuadrados de mar antes pertenecientes a Colombia—, los pescadores sanandresanos aseguran que, aunque tienen permiso de seguir trabajando en aguas nicaragüenses, reciben un trato hostil por parte de las autoridades del país centroamericano.

Carol Stevens, jefe del gremio de pescadores industriales en San Andrés, en conversación con El Espectador afirmó que los guardacostas de Nicaragua han intentado desde la semana pasada abordar las embarcaciones de colombianos. “Hubo un roce entre los guardacostas de Nicaragua y de Colombia. Fue verbal, se dijeron de todo porque el guardacostas de Nicaragua quería subir a las embarcaciones que están pescando en el área y los colombianos no lo permitieron. La realidad es que hay que darles comida, agua, lo que nos pidan, una especie de vacuna”, aseguró.

Stevens agregó que los colombianos siguen trabajando en esa zona por orden del presidente Juan Manuel Santos: “Nos dijo que podíamos seguir pescando ahí porque los guardacostas nos iban a cuidar. Sin embargo, no nos han dado las garantías necesarias para poder trabajar. Estamos hablando de 50 embarcaciones en el área en este momento, anteriormente eran máximo 15. Son muchas trabajando en la misma actividad, toda la producción se ha ido abajo, ya no alcanzamos las metas económicas”.

Armando Basmagi, dueño de la pesquera King Crab, confirmó a este diario desde Providencia que los roces entre pescadores industriales colombianos y autoridades nicaragüenses son cada vez más críticos y que las actitudes hostiles por parte de Nicaragua han sido frecuentes incluso desde antes del fallo de La Haya. “Tuvimos un cuarto de hora después del fallo, nos escucharon, pero ya nos volvieron a olvidar, tratamos de seguir trabajando, pero nuestra seguridad está en riesgo”.

No son solo los industriales. Orlando Francis, representante legal de Asopacsa —que agrupa ocho organizaciones de pesca artesanal del archipiélago de San Andrés—, en contacto con este medio, afirmó que las hostilidades que enfrentan los pescadores artesanales son cada vez más agudas. “No sé cuánto se va a demorar, pero es seguro que va a haber una confrontación más fuerte en algún momento y algunos vamos a perder nuestra vida. Quedamos a la deriva entre Bogotá y Managua”. Agregó que los ingresos de los artesanales han bajado considerablemente, pues desde que la CIJ emitió el fallo, “muchos no se atreven a ir a las aguas de Nicaragua. Allá nos piden agua, comida, a veces quieren abordar nuestras embarcaciones”.

Según Stevens, al menos 20 embarcaciones colombianas se han visto afectadas. “El 16 de febrero entra la veda de langosta y no nos van a dejar trabajar en esa zona en este tiempo, pero el Gobierno no nos dice qué tenemos qué hacer. Es un hecho preocupante porque son muchos los pescadores que dependen de esto. Son casi 50 sólo en esta organización. El Gobierno quiere seguir como si nada hubiera pasado”.