El limbo de los pescadores industriales

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Pesqueros colombianos en el archipiélago de San Andrés. Sus labores de pesca en las aguas entregadas a Nicaragua se han reducido desde que se emitió el fallo de La Haya.

En al área marítima que pertenecía a Colombia y que fue cedida a Nicaragua mediante un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitido el 19 de noviembre, hay un banco de pesca llamado Luna Verde, una de las principales fuentes de los pescadores industriales colombianos, que resultan ser los más perjudicados por ese fallo.

Durante un discurso en la Plaza de la Revolución de Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que los pescadores independientes del archipiélago de San Andrés tienen un derecho histórico para faenar en las aguas que ahora son nicaragüenses y llamó a las autoridades de su país a respetar esos derechos. Pero las compañías colombianas de pesca industrial, según el presidente, tendrán que solicitar permisos especiales a Managua si quieren seguir realizando sus labores en el área.

Ortega propuso al gobierno de Santos —quien esta semana estuvo en el archipiélago y ordenó que la Armada Nacional colombiana tomara todas las medidas necesarias para proteger las embarcaciones del país del hostigamiento de los nicaragüenses— crear cuanto antes comisiones de trabajo para que se pueda delimitar la zona donde, “por derecho histórico, el pueblo raizal podrá pescar con un permiso permanente”.

El dueño de la pesquera colombiana King Crab, Armando Basmagi, dice a El Espectador que en las palabras de Ortega no hay ninguna concesión importante para Colombia, “sencillamente porque los artesanales no pescan en esa zona de Luna Verde”, que es el área vital (ubicada en la intersección entre el meridiano 82 y el paralelo 15) para la producción del archipiélago. Esta zona, según la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, representaba más del 70% de la producción departamental de langosta espinosa, pesca blanca y caracol pala.

Ricardo Abello, profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dice que hay que distinguir entre los derechos históricos de pesca de los artesanales y los derechos de pesca históricos simplemente. “Hay claridad en que los artesanales tienen derecho de ir a pescar, pero eso no cobija los derechos históricos de las grandes empresas pesqueras. Lo que hay que entrar a facilitar es el tema de los industriales”.

La jefa del gremio de pescadores industriales de San Andrés, Carol Stevens, habló a este diario sobre la encrucijada en que se encuentran las compañías colombianas: “El presidente Santos ha hecho que las autoridades colombianas nos acompañen hasta Luna Verde para pescar, para evitarnos roces con embarcaciones nicaragüenses. Pero el problema principal no son esos roces, sino que en Luna Verde antes del fallo había 15 o 16 embarcaciones colombianas, ahora hay casi 50 embarcaciones de Colombia y Nicaragua, entonces se complica la faena y no hemos podido cumplir nuestras metas económicas. Las pérdidas son demasiado grandes. Es hora de que el Gobierno diga si va a acatar el fallo o no, para ver si pensamos en proyectos alternativos o seguimos intentando pescar, porque quedarnos en la duda es insostenible”.

Mientras que en Luna Verde el exceso de pesqueros está agotando los recursos, dice Stevens que en las aguas colombianas no hay un banco de pesca semejante al que quedó destinado al uso económico exclusivo de Managua. “En las áreas que nos quedaron disponibles apenas hay espacio para una o dos embarcaciones”.

Ortega, además de mostrarse flexible con los pescadores artesanales de Colombia, propuso establecer una oficina consular de Nicaragua en San Andrés, para determinar quiénes son los verdaderos pescadores de ese lugar y evitar que la actividad industrial y el narcotráfico resulten beneficiados con la moratoria nicaragüense.

Además, el mandatario nicaragüense señaló que las acusaciones sobre los presuntos hostigamientos a pescadores raizales hacen parte de una “campaña mediática feroz” que hay en Colombia contra su país. “El presidente Santos y el pueblo colombiano saben que la solución al fallo de la Corte no es el uso de la fuerza, ni el desplazamiento de naves de guerra ahí en la zona”, sino “trabajar en un acuerdo entre Nicaragua y Colombia para que podamos regular la pesca y aplicar el fallo”, dijo.