El juez Paul Huck denegó una segunda petición de hábeas corpus a Noriega tras decidir que Francia ha suministrado suficientes garantías de que el ex militar panameño estará bajo protección de la Convención de Ginebra, incluso si no le otorga estatus de prisionero de guerra.
Huck informó a la defensa que en los próximos días entregará una certificación que permitirá a los abogados del ex general recurrir la decisión ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta.
En una audiencia de casi una hora Huck dijo que estaba de acuerdo con el dictamen del juez William Hoeveler, quien en septiembre pasado rechazó los argumentos de que Noriega no debía ser enviado a Francia porque ello violaría la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra.
"Este es un caso excepcional, no creo que la Convención de Ginebra fue diseñada contemplando este tipo de situación", expresó Huck.
Tropas estadounidenses invadieron Panamá el 20 de diciembre de 1989 y al mes siguiente detuvieron a Noriega, que fue enviado a EE.UU., donde en 1992 fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, acusado de permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín.
La pena se rebajó a 30 años por haber cumplido ya cárcel y luego a 20 "por buena conducta", de los que cumplió 17 el pasado 9 de septiembre, día en que debería quedar en libertad, pero permanece en una cárcel de Miami a la espera de que se defina su situación.
"El va a recibir los beneficios que disfrutó como prisionero de guerra aquí (en EE.UU.)", afirmó el juez en la vista judicial a la que no asistió el que fuera hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989.
Sus abogados insistieron hoy en que no existen garantías de que Francia vaya a respetar lo establecido en la Convención de Ginebra porque no planea darle estatus de prisionero de guerra.
La Fiscalía Federal, por su parte, informó de que el Gobierno de Francia no puede considerarlo prisionero de guerra porque ese país no estuvo involucrado en ningún tipo de hostilidad con Panamá, aunque ha garantizado de que le otorgará los mismos beneficios que Noriega ha recibido en los últimos 15 años en EE.UU.
Francia pidió la extradición de Noriega tras hallarlo culpable en ausencia, en 1999, del lavado de unos 3,1 millones de dólares, delito por el que lo condenó a diez años de prisión.