La magistrada Silvia Salame -única integrante del tribunal tras la renuncia de otros cuatro- aprobó el decreto el martes en el que notifica a la Corte Nacional Electoral que debe suspender la consulta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la demanda planteada por un diputado opositor, que cuestiona la validez legal del referendo.
La decisión fue rechazada de inmediato por el Ejecutivo que la calificó de ilegal ya que, según adujo el Ministro de Defensa, Walker San Miguel, el Tribunal carece de quórum para conocer los casos al haber solo uno de sus cinco miembros.
El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, anunció un juicio por prevaricato en contra de Salame y anunció que la decisión de la magistrada no detendrá la celebración de la consulta.
Como una “cantinflada” (de Mario Moreno, cantinflas) calificó San Miguel el decreto de Salame. “El gobierno presentará una querella criminal contra la magistrada por prevaricato porque está usurpando funciones”, dijo.
“Se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” de la consulta, dijo Salame en una rueda de prensa el martes.
La jueza aclaró que no falló sobre el fondo de la demanda pero que al aceptar la misma la votación queda en suspenso.
La decisión levantó revuelo político en el país y motivo interpretaciones a favor y en contra de parte de juristas y políticos.
“Nosotros respetamos la decisión pero no hemos tomado conocimiento oficial, mientras tanto el referendo sigue adelante hasta que haya un pronunciamiento”, dijo el vocal electoral Jerónimo Piñeiro.
El portavoz del tribunal electoral, Rubén Martínez, dijo que hasta el miércoles no había llegado la resolución del Tribunal Constitucional. El presidente del organismo electoral José Luis Exeni declaró que la decisión preocupa pero que recién emitirá criterio tras un análisis legal.
El Tribunal Constitucional que es el órgano encargado del control constitucional, quedó sin “quórum legal” tras la renuncia de cuatro de sus integrantes el año pasado.
Corresponde al Congreso designar a los magistrados por dos tercios de votos que no tienen ni el oficialismo ni la oposición y las designaciones de esos magistrados y otros altos cargos del ejecutivo están en suspenso por disputas políticas.
La oposición regional liderada por prefectos opositores de Morales rechazó inicialmente el referendo con el argumento de que las reglas de juego favorecen al mandatario y alegaron que el plebiscito ahondará la polarización en el país.
Morales impulsó la consulta para dirimir la disputa política con sus oponentes. Analistas dicen que el mandatario busca provocar la caída de alguno de los prefectos opositores.
De los nueve prefectos solo dos son afines al mandatario pero en la consulta solo intervendrán ocho prefectos ya que la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ha sido elegida recientemente.