Nora Montero, presidenta del Comité de Vigilancia de los indígenas en el municipio de Puerto Rico y testigo de los hechos, y Pedro Nuni, vicepresidente del Centro Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), denunciaron ante el mecanismo especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ante el relator especial, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y el caucus indígena los sucesos del día 11 y de los dos días previos a la matanza.

A los 18 muertos confirmados y entre 30 y 40 heridos se suman “unos 100 desaparecidos que con toda seguridad están muertos”, dijo Nuni.

Además, una información no oficial recibida por la delegación ya en Ginebra indicó que se ha encontrado una fosa común en la que habría hasta 14 cuerpos, confirmó la embajadora de Bolivia, Angélica Alonso.

Tanto Montero como Nuni narraron los acontecimientos de los dos días previos a la matanza, en los que comenzó la desestabilización y la toma de instituciones públicas y ataques y destrucción de documentación de ONGs por parte de funcionarios de la gobernación de la remota región de Pando.

Nora Montero, que perdió a su esposo el día 11, narró cómo salieron dos marchas pacíficas el día anterior, desde Puerto Rico y Filadelfia, y cómo fueron emboscados por las fuerzas del Comité Cívico de Pando, funcionarios de la gobernación y gente armada en los municipios de Porvenir y Filadelfia.

“Nos provocaban, se reían de nosotros, pero cinco dirigentes campesinos, entre ellos yo, pedíamos calma pero nos dispararon y mataron a dos y causaron nueve heridos”.
 
“Ahí nos replegamos pero en Porvenir nos esperaban cinco policías -un boliviano y cuatro brasileños- y luego fueron llegando esa gente encapuchada, personas armadas, que empezaron a dispararnos”, agregó.

La mujer cuenta que “yo y mi esposo cogíamos a los heridos y los poníamos a la sombra, y estábamos bañados en la sangre de los muertos. Yo pedía a la gente que escapase”.
 
Los que trataron de huir lanzándose al río “fueron disparados con ametralladoras, revólveres, escopetas y el agua se llevó los cuerpos”.
 
En el suceso murió su esposo y a punto estuvo uno de sus diez hijos, al que -asegura- ni siquiera ha podido llevar al médico “por temor a que sea denunciado por estar en esos sucesos”.
 
“Vi cómo mataban a cuatro niños y a una mujer embarazada. Mi esposo murió en defensa de la democracia, y por eso estamos aquí, para denunciar a nivel internacional los hechos, pedir ayuda y justicia”, subrayó.

Nuni, por su parte, afirmó que la situación sigue tensa en Pando, a pesar del estado de sitio declarado por el gobierno de Morales por 90 días, y pidió su extensión porque todavía hay amenazas contra los campesinos.

“Estamos pidiendo al gobierno que se extienda el estado de sitio pues está centrado en el área urbana, en Cobija, la capital, pero no afecta a todo el departamento”, afirmó el dirigente de CIDOB.

También denunciaron que “la gran mayoría de los sicarios han huido y están pidiendo asilo en Brasil o Perú”.
 
En este último país, dijeron, se ha refugiado Ana Melena, presidenta del Comité Cívico de Pando, a quien acusan de estar al frente de la masacre, en la que “participaron funcionarios públicos pagados”.
 
“Los autores materiales son gente pagada, sicarios y narcotraficantes extranjeros, peruanos y brasileños”, insistió Nuni.

El dirigente indígena afirmó que están muy preocupados porque, aunque ahora se mantienen un diálogo entre los gobernadores (opositores autonomistas) y el gobierno “este diálogo está en la cuerda floja”.
 
“Los prefectos han condicionado el mantenimiento del diálogo a que el gobierno deje de investigar, pero eso es intolerable. No se puede negociar con nuestros muertos con la excusa de pacificar el país”, afirmó.