Morales aseguró que, a mediados de diciembre, cuando finalicen los 90 días de estado de sitio decretados en Pando, continuará una “fuerte presencia” del aparato gubernamental debido a que se mantienen las amenazas contra campesinos en la capital de la región, Cobija, fronteriza con Brasil.

El Gobierno dictó el estado de sitio un día después de los choques entre oficialistas y opositores autonomistas que el pasado 11 de septiembre causaron la muerte de al menos 18 personas, en lo que el Ejecutivo considera una “masacre” contra campesinos.

Por la violación del estado de sitio, el Ejecutivo ordenó la detención del entonces prefecto (gobernador), el opositor Leopoldo Fernández, recluido actualmente en un penal de La Paz acusado de terrorismo y homicidio, y nombró a un militar para sustituirlo al frente del departamento.

El diario paceño La Prensa publica que, tras los hechos violentos de Pando, habrían cruzado la frontera hacia Brasil unos 600 bolivianos que, según el Gobierno de Morales, no tienen condición de “refugiados”.
 
Está prevista la llegada a Bolivia de una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que comenzará en Cobija una investigación sobre la matanza del 11 de septiembre.

Para el Gobierno fue una “masacre” de campesinos preparada por funcionarios de la Prefectura, pero según parlamentarios de la oposición fueron los oficialistas los que comenzaron a disparar y provocaron los enfrentamientos.