La denuncia la hizo el responsable tribal Mohamed Ibrahim Adam, en el que precisó que el incidente tuvo lugar en el campo de desplazados de Kalma, ubicado en las proximidades de Niyala, capital del sur de Darfur.

Afirmó que las víctimas se produjeron cuando las fuerzas de seguridad sudanesas dispararon indiscriminadamente contra los refugiados, después de que estos últimos rechazasen la entrada de los policías en el campamento, que acoge a alrededor de 90 mil desplazados.

Adam, que precisó que las fuerzas de orden llegaron al lugar en más de cien vehículos con el pretexto de incautarse de armas. Por su parte, el portavoz de la milicia rebelde Movimiento Para la Justicia y la Igualdad (MJI), Ahmed Husein, confirmó la masacre al indicar en un comunicado que las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra los desplazados tras desobedecer las órdenes de desalojar el campo.

Según él, más de 70 civiles desarmados, entre ellos mujeres, niños y ancianos murieron acribillados, mientras que otros centenares resultaron heridos. En ese sentido, Husein pidió a la ONU, la Unión Africana, las organizaciones humanitarias “y todos los países amantes de la paz a responder sin demora al llamamiento de auxilio de los refugiados de Kalma”.
 
Por su parte, la coordinadora de Asuntos Humanitarios de la Misión de la ONU en Sudán, Amira Jaq, dijo en una nota que ha recibido informaciones de que un número indeterminado de refugiados murió o resultó herido en un tiroteo que se desencadenó en Kalma después de que los coches policiales fuesen cercados.

Advirtió de que incidentes de esa naturaleza suponen un gran peligro para los civiles, por lo que instó a las partes implicadas a contenerse y permitir el traslado de los heridos a hospitales.

El conflicto de Darfur estalló en enero de 2003 cuando dos grupos rebeldes, uno de ellos el MLS, se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la deteriorada situación de esta provincia.

Desde entonces, más de 200.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.