“Sostuve una buena conversación con el presidente Uribe, creo que él ha estado trabajando duramente en su país para reducir la violencia y el tráfico de drogas en Colombia, pero como le dije tenemos que asegurarnos que los derechos de los trabajadores sean protegidos y aún falta mucho trabajo por hacer”, dijo.
“Muchos líderes sindicales han sido asesinados o han desaparecido; el presidente Uribe se ha comprometido a mejorar la situación, pero no me siento cómodo en que avance un proyecto de TLC hasta no tener una seguridad de que los derechos de los trabajadores de ese país van a ser protegidos”, agregó.
El candidato demócrata argumentó que él voto a favor del TLC con Perú, el cual “es parecido al de Colombia”, porque no tenía los mismos problemas “en relación a la violencia contra los trabajadores”, agregó.
Uribe conversó por teléfono con Obama antes de viajar a Washington y Nueva York, donde realiza gestiones en busca de la ratificación del TLC firmado entre su país y EE.UU. en 2006.
Este acuerdo comercial no ha sido ratificado por el Congreso estadounidense debido a las reservas de la mayoría del Partido Demócrata que no ve con buenos ojos la situación de los derechos humanos y sindicales en Colombia.
Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un total de 38 miembros de los movimientos obreros ha muerto en lo que va de año, mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que desde 1986 las muertes se elevan a más de 2.500.
Aunque las muertes han ido descendiendo desde 2005, cuando fueron asesinados 205 sindicalistas, la cifra sigue siendo la más alta del mundo y la mayoría de los casos está en la impunidad.
A estos asesinatos se unen infinidad de denuncias por amenazas, la última ha tenido lugar este fin de semana, cuando el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Colombia (Asonal Judicial), Fabio Hernández, informó que desconocidos atentaron contra él en su vivienda a las afueras de Bogotá.
Precisamente hoy se cumplen 20 días de una huelga indefinida de funcionarios del poder judicial que exigen mejoras salariales e independencia de la justicia respecto al Ejecutivo.