El gobierno, representado por Ruhakana Ruganda, esperaba que este acuerdo de paz fuera decisivo para terminar con una de las guerras más largas de África. Regresó a la Kampala, capital de Uganda y espera instrucciones de Kony que no aparece en público desde el 2006.

Junto al gobierno en la frontera Sudán-El Congo, esperaban rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor, guerrilla dirigida por Kony y que lleva 20 años en el conflicto al norte de Uganda.

La Corte Penal Internacional solicita al líder y otros cuatro integrantes del grupo armado ilegal; se les acusa por cortar los labios de sus víctimas, reclutar menores de edad por la fuerza y convertir a las niñas en esclavas sexuales. El gobierno, como parte de las negociaciones, accedió a hablar con la CPI para que retiren los cargos, mientras que ésta prefiere esperar a ver de qué manera serán juzgados en Uganda para tomar una decisión.

Quienes sean acusados por delitos graves, serán condenados por una división especial de la Corte Suprema en Uganda, mientras que los que se acusen por delitos menores serán juzgados a través del "Mato Oput", que consiste en ofrecer una disculpa pública a las víctimas y un pago que normalmente se hace en ovejas o ganado.