Mientras tanto, la coalición gobernante — formada por rivales tradicionales unidos en su empeño por derrocar a Musharraf — parece encontrarse al borde del colapso.

Los dos partidos principales de la coalición no han podido zanjar sus diferencias clave, especialmente si los jueces cesados por Musharraf deberían ser restaurados rápidamente y quién debería sucederle en la presidencia.

Los paquistaníes pidieron al gobierno civil que cese sus rencillas y encare con premura los problemas del país, incluyendo la recesión económica y la violencia sectaria en el noroeste de Pakistán, donde la lucha entre los insurgentes islámicos y las fuerzas gubernamentales arreció en las últimas semanas.

Un vocero del Talibán asumió la responsabilidad de ambos ataques contra la fábrica estatal de armas situada a unos 35 kilómetros al oeste de la capital. Maulvi Umar dijo a The Associated Press que los ataques del jueves fueron en venganza por las incursiones aéreas en Bajur, un baluarte de insurgentes cerca de la frontera con Afganistán.

Umar dijo que los guerrilleros realizarán ataques similares en otras grandes ciudades, incluida Islamabad, la capital, a menos que las fuerzas armadas desistan de sus operaciones.

La fábrica de armas se encuentra en la carretera que conduce al noreste de Pakistán. El empleado de hospital Mohammed Azhar dijo que 46 personas murieron y otras 70 resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico. Las autoridades dijeron que el número de muertos seguramente aumentará.

Rana Tanveer, empleada bancaria que trabaja a unos 20 metros de una de las puertas atacadas por el suicida, dijo que figuró entre los primeros en llegar al lugar.

“En torno a la entrada (de la fábrica) vi sangre y restos humanos por todas partes. La gente ayudó a los heridos y los llevó en sus automóviles e incluso en motocicletas al hospital”, agregó. “Siete u ocho personas habían muerto y otras 10 se encontraban en estado agónico”.

Musharraf, aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, dimitió el lunes para evitar un juicio político tras casi nueve años de ocupar el poder.