La sentencia por este caso señala que el tribunal acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional expresado por el Estado guatemalteco en 2005, pero establece una serie de órdenes.
"El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables", indicaron los jueces en su resolución.
Agregaron que "el Estado deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de María y Josefa Tiu Tojín mediante las diligencias pertinentes para dichos efectos, en particular, en el lugar donde fueron vistas por última vez con vida o en cualquier otro lugar en el cual existan indicios de su ubicación".
Para la Corte, esta diligencia es una forma de reparación y "una expectativa que el Estado debe satisfacer".
El Gobierno guatemalteco también deberá pagar los costes del proceso y publicar los párrafos resolutivos en medios de comunicación.
Este caso se relaciona con la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija Josefa, ocurrida en el Municipio de Chajul, Departamento del Quiché, a partir del 29 de agosto de 1990, en manos de efectivos del Ejército guatemalteco y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actúa como parte acusadora ante la Corte, sostuvo durante el proceso que hasta la fecha el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de investigar estos hechos con la debida diligencia.
Según la CIDH, este caso refleja "los abusos cometidos durante el conflicto armado interno por la fuerzas militares contra el pueblo indígena maya, los integrantes de las organizaciones dedicadas a la promoción de sus derechos y las comunidades de población en resistencia".