La Justicia de Argentina condenó este miércoles a 15 años de prisión al sacerdote católico Julio César Grassi, por hallarlo culpable de un caso de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón, en las afueras de Buenos Aires, resolvió, sin embargo, que Grassi no irá a prisión hasta que la sentencia se haga firme por un tribunal de Casación, aunque en ese período el sacerdote no podrá ni salir del país ni contactarse con menores.
El religioso también tendrá la obligación de presentarse una vez por mes ante el tribunal, según estableció el veredicto, que se dio a conocer después de nueve meses de un juicio oral por el que desfilaron 130 testigos.
La Fiscalía había pedido 30 años de prisión para Grassi, siete menos que lo solicitado por la querella, mientras que la defensa exigió la absolución por considerar que no había pruebas de las acusaciones en su contra.
Grassi había sido acusado por tres casos de abuso sexual y corrupción de menores, de los que solo uno fue dado por probado por el tribunal. La lectura de la sentencia fue seguida, entre otros, por el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y por grupos que se manifestaron en favor y en contra del sacerdote, apostados en la puerta de la sede de los tribunales de Morón.
“El fallo es injusto. O soy bueno o soy malo. Acá se declaró un empate, pero el empate no va. Se quiso hacer algo salomónico, pero es una injusticia”, declaró el sacerdote dentro de la sala tras conocer el fallo. “Lo único que hacen es ensuciarme, no hay prueba que acredite la condena. Siento vergüenza por cómo se ha llevado esto”, insistió Grassi al salir del tribunal.
El fiscal Alejandro Varela, en tanto, consideró que la condena “es mucho mejor que nada”, aunque se manifestó en desacuerdo con el hecho de que Grassi no haya sido enviado inmediatamente a prisión. La defensa del sacerdote adelantó que apelará el fallo judicial, como también lo hará la acusación particular.
Grassi, de 52 años, llegó a gozar de gran popularidad en los años 90, cuando gracias a sus contactos políticos creó la Fundación Felices Los Niños, que logró integrar unos 50 hogares con más de 6.000 jóvenes pobres y con el correr del tiempo se convirtió en una de las obras benéficas que más dinero manejó en el país.
La causa que lo llevó al banquillo comenzó en octubre de 2002, cuando un canal de televisión local emitió una serie de informes en los que tres menores acusaban de abusos a quien se hiciera llamar “padre de los que no tienen padre”.
El juicio oral, pero no público, se prolongó durante nueve meses y, además de los 130 testigos, declararon peritos psiquiatras y psicólogos que analizaron los casos de “Ezequiel”, “Gabriel” y “Luis”, los tres denunciantes.
Estos jóvenes tenían 9, 13 y 17 años cuando fueron víctimas de las supuestas violaciones del sacerdote, a cuyo cargo vivían en la Fundación Felices Los Niños. Al margen de las declaraciones de los testigos y de los peritos, que apoyaron los testimonios de los tres jóvenes, durante el proceso no se hicieron exámenes físicos que acreditaran las declaraciones de los denunciantes ni tampoco pruebas genéticas.
En octubre pasado, Grassi fue sometido a un examen físico para confirmar las descripciones que uno de los denunciantes hizo del religioso. El caso ha dividido aguas en la opinión pública argentina, que atacó y defendió al sacerdote salesiano casi en idéntica proporción.
La titular de las Abuelas de Playa de Mayo, Estela de Carlotto, opinó que la sentencia “es fuerte pero no es clara” y subrayó que la pena habría sido mayor si Grassi fuera “una persona común”. “Al menos nos queda el consuelo de que fue condenado”, matizó Carlotto, quien también preside el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos de los Niños, querellante en el proceso.
La Iglesia católica argentina tuvo en los últimos cinco años otros dos casos de sacerdotes condenados por abuso de menores. El primero de ellos fue Luis Sierra, condenado en noviembre de 2004 a ocho años de prisión por abusar sexualmente de tres monaguillos en un colegio religioso de las afueras de Buenos Aires.
Tres años después, el sacerdote Mario Napoleón Sasso fue sentenciado a 17 años de cárcel por el abuso de un grupo de niñas de entre 11 y 14 años que concurrían a un comedor comunitario bonaerense.