La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió la lista de personas que solicitan ser protegidas por el Gobierno de Honduras, y pidió que se informe sobre su paradero en un plazo de 48 horas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó que "se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal" de todos las personas incluidas en este listado.

En particular, hizo referencia a las personas detenidas o que se encuentran en paradero desconocido, y pidió que se informe sobre su estado y se libere a aquellos que hayan sido detenidos de manera arbitraria.

Entre las 17 personas se encuentran los alcaldes de Tocoa y Sonaguera, Adán Funes y Adelmo Rivera, respectivamente; el líder social de Guapinol, Evelio Sánchez, y la responsable de la oficina municipal de la mujer de Tocoa, Geraldina Cerrato.

La Comisión ha sido informada de que los periodistas de AP, Esteban Félix, y Nicolás García, fueron detenidos el 29 de junio y llevados a una oficina de inmigración donde fueron interrogados por sus visados para trabajar en el país.

Además, también ha recibido información de que el periodista de La Tribuna, Juan Ramón Sosa, fue golpeado e insultado cuando cubría una información, y el director de la radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, ha recibido amenazas telefónicas.

La CIDH dio un plazo de 48 horas para recibir la información y recordó, según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que "deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos, periodistas, familiares del presidente Zelaya, y observadores internacionales".

La Comisión también dio un plazo de 24 horas para recibir las aclaraciones oportunas sobre la represión de las manifestaciones pacíficas en la manifestación del 2 de julio y del ataque contra el diario La Prensa, de San Pedro Sula, el pasado 29 de junio.

El mecanismo de medidas cautelares establece que en casos de gravedad y urgencia, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de los afectados, solicitar al Estado concernido la adopción de medidas para evitar daños irreparables a las personas.