La mexicana Lucía Morett, herida en un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las Farc en Ecuador, el primero de marzo de 2008, no alcanzó los votos necesarios para obtener un escaño parlamentario y por lo mismo no contará con la inmunidad ante una posible extradición.

El Partido del Trabajo (PT) había incluido a Morett en sus listas con el fin de protegerla ante un posible juicio de extradición demandado por el gobierno de Ecuador y ante el arresto solicitado por Colombia.

Sin embargo, los escasos resultados del PT en las elecciones del pasado 5 de julio sólo permitieron a esta organización alcanzar 13 escaños parlamentarios que corresponden a los principales líderes de la organización y sus aliados.

Por su parte, el abogado de Morett, Hugo Rosas, explicó a la Agencia EFE que la posibilidad de este resultado estaba contemplada, por lo que habían trabajado en la defensa por medios legales contra lo que ellos consideran “una persecución política”.

Desde el pasado 3 de julio la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una “circular roja” a pedido de Colombia después de que un juzgado penal de Bogotá presentara cargos contra la mexicana por varios delitos.

Rosas explicó que aunque Colombia haya solicitado a la Interpol el arresto de Morett, no significa que la puedan detener de manera directa, pues una orden de arresto sólo puede emitirla un juez mexicano. “Se requiere que tanto la Interpol como las autoridades judiciales puedan conocer las pruebas aportadas por Colombia en su solicitud”, dijo Rosas.

El jurista explicó que hasta ahora no han sido notificados por las autoridades sobre las supuestas peticiones de arresto por parte de Colombia y una solicitud de extradición del gobierno de Ecuador. “En ninguno de los casos se ha notificado oficialmente a México”, afirmó el abogado, quien aseguró que son procesos carentes de pruebas y “ambas peticiones son absolutamente repugnantes”.

Además, añadió, ni la Interpol ni el Tratado de Extradición entre México y Ecuador permiten la detención de una persona por motivos políticos. “Las autoridades mexicanas deben proteger a Lucía y si actúan en estricto apego a derecho deben negar la extradición por ser un asunto meramente político”, indicó Rosas.

Por este motivo la defensa jurídica consiste en demostrar que es una persecución política por parte del Gobierno de Colombia. Asimismo, el abogado dijo que el pasado jueves solicitaron a la Interpol revocar la “circular roja” debido a que esta institución no se involucra en asuntos políticos, aunque aclaró que aún no hay una respuesta.