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Un hombre palestino llena un tanque de agua procedente de un manantial en la localidad de Howara, cerca de la ciudad cisjordana de Naplusa, este 27 de octubre.

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que Israel niega a los palestinos el derecho al acceso “libre y adecuado” al agua potable, al mantener “un control total” sobre los recursos compartidos, lo que esta organización considera una política deliberada de discriminación hídrica.

Las medidas que aplica Israel restringen sin razón la disponibilidad de agua en los territorios palestinos ocupados e impiden a los palestinos construir infraestructuras hídricas adecuadas, señala Amnistía en un informe. “Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una parte de los recursos hídricos compartidos, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes ilegales reciben prácticamente suministro ilimitado”, según Donatela Rovera, investigadora de Amnistía.

En el caso de la franja de Gaza, explica Rovera, “el bloqueo ha hecho que empeore una situación que ya era precaria de por sí”. Amnistía revela el alcance de estas políticas y prácticas discriminatorias y pone como ejemplo que Israel emplea más del 80 por ciento del agua procedente de un acuífero subterráneo compartido con los palestinos, que sólo disponen del 20 por ciento.

Esta diferencia se produce pese a que el acuífero es la única fuente hídrica para los palestinos en Cisjordania y a que Israel dispone de muchas otras fuentes que también monopoliza, como en el caso del agua para el consumo humano del río Jordán.

El resultado es que el consumo diario de agua de un palestino no llega a los 70 litros, mientras el de un israelí supera los 300. En algunas zonas rurales palestinas, asegura Amnistía, sus habitantes sobreviven con sólo 20 litros al día, lo que se considera la cantidad mínima para uso doméstico en situaciones de emergencia. Además, entre 180.000 y 200.000 palestinos que viven en poblaciones rurales no tienen acceso a agua potable y el Ejército israelí “a menudo impide, incluso, que recojan agua de lluvia”, confiscando o destruyendo los depósitos construidos en las casas.

Debido a estas restricciones, muchos agricultores no pueden cultivar la tierra, ni siquiera para su consumo personal o para el de sus animales, lo que ha influido en el tamaño de sus rebaños. Por contra, Amnistía indica que los “colonos israelíes que viven en Cisjordania en violación del derecho internacional tienen explotaciones de regadío intensivo, jardines frondosos y piscinas”. Un total de 450.000 colonos consumen tanta agua como 2,3 millones de palestinos.

En Gaza, entre el 90 y el 95 por ciento del agua proviene de un único acuífero, que está contaminado y no es apto para el consumo humano, pese a lo cual Israel no permite la transferencia de agua desde Cisjordania a la franja, subraya AI.

La situación ha empeorado en los últimos años debido al bloqueo israelí, que ha impedido que entren en ese territorio los equipos necesarios para la reparación de las infraestructuras hídricas,lo que ha hecho que Gaza “haya alcanzado un punto crítico”. Para hacer frente a los recortes y los problemas de funcionamiento del sistema de distribución de agua potable, muchos palestinos se ven obligados a comprar agua, “a menudo de dudosa calidad”, de camiones cisternas por un alto precio.

Estos camiones son obligados, en los controles de seguridad israelíes o en las carreteras, a tomar largos desvíos para llegar a sus destinos, lo que encarece sensiblemente su servicio. “Durante más de cuarenta años de ocupación, las restricciones impuestas por Israel sobre el acceso de los palestinos al agua ha frenado el desarrollo de instalaciones e infraestructuras hídricas en los territorios ocupados, negando por tanto a cientos de miles de palestinos el derecho a vivir una vida normal”, resalta Rovera.

Amnistía recuerda que Israel no sólo se ha apropiado por la fuerza de tierras palestinas ricas en agua, sino que también ha establecido un complejo sistema de permisos, por el cual las autoridades palestinas tienen que obtener permiso del gobierno y el Ejército israelíes para desarrollar proyectos relacionados con el agua en sus territorios. Lo habitual, asegura, es que esos permisos “sean rechazados o sometidos a largos retrasos”.