La ubicación de un almacén de residuos radiactivos de alta actividad ha generado un debate social y político en España acerca de si se trata de una instalación industrial de vanguardia o de un "cementerio nuclear".
El debate, que enfrenta a los vecinos con las autoridades locales y también a los principales partidos nacionales, se ha acentuado ante la finalización este viernes del plazo para presentar las candidaturas a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos.
El Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología abrió el pasado 30 de diciembre la convocatoria para que los municipios que lo deseen opten a albergar el ATC donde se gestionarán los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas.
España tiene en la actualidad seis centrales nucleares, dos de ellas con dos reactores, que aportan al año cerca del veinte por ciento de la energía eléctrica que consume el país.
El futuro Almacén Temporal Centralizado podrá guardar hasta 7.000 toneladas de combustible de las centrales nucleares españolas y los residuos radiactivos de alta actividad que se producen en España.
Se trata de una instalación "pasiva" , que no produce energía, ni se dan en ellas reacciones nucleares, según fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
Hasta el momento en España no existe ninguna de estas instalaciones, pero sí una preparada desde 1992 para recibir y almacenar residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (en la sureña provincia de Córdoba).
El plazo para presentar candidaturas a acoger este "cementerio nuclear" se agota el próximo viernes y hasta el momento dos municipios lo han aprobado en un pleno municipal.
Yebra, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara (centro español) , situada a poco más de 50 kilómetros de Madrid, y cercana a la central nuclear de Zorita, cerrada en 2006, fue la primera en pronunciarse a favor de acoger el almacén de residuos nucleares.
Contra la decisión del ayuntamiento, aprobada con los votos a favor de los concejales del conservador Partido Popular (PP) , se pronunciaron los ediles del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una parte de los vecinos.
También se opuso el presidente socialista de la región de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y algunos dirigentes conservadores de esa comunidad a la que pertenece Yebra.
También Ascó (en la provincia de Tarragona, noreste español) , aprobó hoy en un tenso pleno la presentación de su candidatura para acoger el almacén nuclear, pese a la oposición del Gobierno de Cataluña (región a la que pertenece).
Yebra y Ascó optarán mañana a acoger este almacén en la reunión que la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares de España celebrará en Madrid, y será el Gobierno quien designe oficialmente al elegido.
Avalado por el Parlamento, el Gobierno, los principales partidos y los organismos o empresas competentes en la materia (el Consejo de Seguridad Nuclear o la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) , el ATC se ha visto además inmerso en la confrontación política.
Los principales partidos lo respaldan como la solución más segura para gestionar los residuos radiactivos, pero algunos de sus dirigentes, tanto del gobernante PSOE como del opositor PP, advierten de que no la quieren en su región.
La industria nuclear considera también que se trata de la mejor solución para la gestión temporal del combustible gastado en las centrales nucleares y advierte además de que es la opción elegida por la mayoría de los países con centrales nucleares para almacenar y gestionar los residuos de alta actividad.
Para las organizaciones ecologistas y las diferentes plataformas ciudadanas que se han constituido contra esta instalación, se trata de un "cementerio" donde reposarán los residuos más peligrosos durante decenas de años.
Quienes lo avalan mantienen que la urgencia de construir un almacén nuclear reside en que algunas de las "piscinas" en las que en la actualidad se acumulan los residuos de las centrales nucleares están ya saturadas, y otras lo estarán en los próximos años.
Justifican también esa urgencia en que a partir de 2011 España deberá abonar a Francia unos 60.000 euros (unos 84.000 dólares) diarios por el almacenaje de los residuos radiactivos allí depositados, en su mayoría procedentes del desmantelamiento de la central nuclear española de Vandellós I.