Al Kassar, que también tiene deudas pendientes con la justicia en Argentina, fue detenido el año pasado en Madrid al caer en una trampa por la que varias personas se hicieron pasar por miembros de las Farc interesados en comprar armas para atacar a las fuerzas estadounidenses.

El detenido, que llegó a Nueva York el pasado junio extraditado desde España, argumentó durante el juicio iniciado hace tres semanas que tanto él como Luis Felipe Moreno Godoy, un chileno de 60 años, eran titulares de una empresa legal de venta de armas y creían que el trato que se les ofreció antes del arresto también era legítimo.

Sin embargo, un jurado de Manhattan declaró hoy culpables a los dos por delitos relacionados con asociación para colaborar con una organización terrorista y planificar la muerte de estadounidenses con la venta ilegal de armas.

“Monzer Al Kassar y Luis Felipe Moreno Godoy acordaron vender varios millones de dólares en armas letales para matar a estadounidenses”, explicó el fiscal Michael García tras conocerse la decisión del jurado.

Añadió que “en lugar de conseguir millones de dólares en beneficios, ahora se enfrentan a largas penas de prisión”.
 
Según García, ambos estaban dispuestos a vender a guerrilleros de las Farc misiles tierra-aire, lanzagranadas, miles de ametralladoras y munición.

Como parte del proceso de extradición, EE.UU. garantizó al Gobierno español que no pediría cadena perpetua para el presunto traficante sirio, aunque sí que pasaría mucho tiempo en prisión si resultaba culpable de los delitos que se le imputaban, algunos de los cuales contemplan penas mínimas de hasta 25 años de cárcel.

Antes de su extradición, Al Kassar pidió que no se le entregara porque estaba convencido de que en EE.UU. no tendría garantía de un juicio justo “por ser árabe”.
 
Aseguró que no cometió “ningún delito” y que lo reclaman por una “venganza política” debido a unas declaraciones críticas contra el presidente estadounidense, George W. Bush, que realizó en una entrevista.

Las autoridades estadounidenses pedirán también la confiscación de una propiedad inmobiliaria que el sirio tiene en la localidad española de Marbella (sur) , así como de los fondos depositados en tres cuentas bancarias, bienes que equivalen en su conjunto a los presuntos ingresos obtenidos con sus actividades delictivas.

En Argentina, Al Kassar, de 62 años, fue acusado de cometer irregularidades en la tramitación y la obtención de la ciudadanía de ese país, que logró en tan solo 24 horas.