La oposición venezolana, que ahora tiene una supermayoría en la Asamblea Nacional, busca que, a través de una enmienda a la Constitución, se recorte el actual período presidencial de seis a cuatro años. Con esto, el presidente Nicolás Maduro, quien empezó su actual mandato en enero de 2013, debería dejar el poder en 2017 y se tendría que llamar a elecciones anticipadas en el último trimestre de este año. Si no pasa el proyecto, el presidente seguiría gobernando hasta 2019.
Las razones, además de las diferencias políticas e ideológicas con el chavismo, encuentran asidero en la crisis económica sin precedentes que vive el país. Crisis que, según la oposición, no podrá solucionarse sin un cambio drástico de gobierno, dado que el actual está empeñado en profundizar las políticas que llevaron a una insostenible situación de desabastecimiento, hiperinflación, extrema devaluación y déficit.
La enmienda se ha empezado a tejer con una propuesta para modificar cuatro artículos de la Carta Magna venezolana, presentada por los diputados de la Causa R, uno de los partidos que conforman la plataforma opositora de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Además de recortar el período presidencial, se propone que el de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia pase de doce a seis años y sólo puedan aspirar a una reelección. Esta idea de buscar una “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación” del Gobierno hace parte a su vez de un documento suscrito por la MUD el año pasado, en el que, además de ese objetivo, se planteaban dos ejes para su legislatura: la recuperación del poder legislativo y la promulgación de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos.
El proyecto de enmienda se podría llevar a plenaria en las próximas semanas si el presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos Allup, decreta una emergencia parlamentaria para poner el asunto en la agenda. Ramos Allup, por supuesto, ha manifestado su apoyo de manera reiterada a las iniciativas que buscan acelerar un cambio en el Ejecutivo y repite con frecuencia que el gobierno chavista está “en fase terminal”. El proyecto pasaría sin mayores contratiempos, pues para su aprobación requiere de la mayoría simple de la Cámara, que la oposición tiene más que asegurada. El siguiente paso sería convocar a un referéndum consultivo.
Además de la enmienda constitucional, existen por lo menos otros dos caminos legales para anticipar un cambio de jefe de Estado. El primero es el referéndum revocatorio, un mecanismo que podría activarse en julio, cuando Maduro llegue a la mitad de su mandato, pero que requiere una compleja convocatoria y un elevado número de votos para revocar al presidente. Sólo para convocar al referendo revocatorio se necesitan firmas del 20% del padrón electoral (alrededor de 3,9 millones de personas), recolectadas en tres días y con huellas digitales. Para revocar al presidente se necesita el voto en contra de 7,5 millones de personas. La oposición, hasta ahora, no parece contemplar esta opción en su agenda. Según dijo Allup, la enmienda es “el mecanismo más simple, eficiente y menos gravoso”. La segunda opción, mucho más remota, es la renuncia voluntaria del jefe de Estado.
Si se logra la enmienda, sería sin duda el más duro golpe que la oposición pudiera darle al chavismo después de 17 años de hegemonía. Pero no sería el golpe de Estado ilegal o por la fuerza que los dirigentes chavistas denuncian casi todos los días, sino un procedimiento realizado en el marco de la ley y de las facultades que tiene el Poder Legislativo. Eso sí, nada asegura que Maduro, quien ya ha hablado sobre seguir gobernando bajo una “unión cívico-militar” al margen de las decisiones del Legislativo, y sobre evitar por las buenas o por las malas la llegada de la oposición al poder, acepte esa eventual enmienda y se retire con hidalguía del Palacio de Miraflores. Si se sigue su forma de gobernar y el contenido de sus advertencias, lo más probable es que no lo haga. En ese punto, entonces, la pregunta central del debate será: ¿quién está dando el golpe?