Sara Solarz de Osatinsky recordó hace algunos años, en sus declaraciones ante la justicia internacional, las paredes frías, sus pies descalzos, los grilletes alrededor de sus tobillos, las ampollas, la oscuridad, el olor mezclado de sudor, orín y sangre que quedaba en las camillas improvisadas en las que sus compañeras de cautiverio daban a luz.
Ellas, jóvenes embarazadas capturadas por miembros de las Fuerzas Armadas de Argentina, torturadas constantemente, pedían en medio de los dolores del parto la presencia de una compañera de celda, y fue así como Sara terminó siendo testigo de más de 15 nacimientos en uno de los centros clandestinos de detención que funcionaban bajo las órdenes del gobierno de facto argentino, finalizando la década del 70.
Los gritos de los jóvenes torturados se mezclaban con llantos agudos de niños recién nacidos que, durante un tiempo corto, hallaban consuelo en los brazos de sus madres.
Pocos fueron los testigos sobrevivientes de esos actos de barbarie. En cuestión de meses, a veces de días, o incluso de horas, madres e hijos eran separados. Ninguna madre sobrevivió y varios de aquellos recién nacidos fueron dados ilegalmente en adopción a militares y familias, por lo general, cercanas a la dictadura. Serían sus abuelas quienes se encargarían de buscarlos incesantemente.
Con el regreso de la democracia, pero con el miedo y los recuerdos recientes, fueron pocos los casos denunciados. Hoy la historia es distinta y los cálculos que maneja la organización Abuelas de Plaza de Mayo cuentan cerca de 500 niños (hoy adultos rondando los 30 años) que habrían sido robados de esta forma entre 1976 y 1983.
La semana pasada, tras varios años de insistencia en los tribunales (la primera causa judicial con estas denuncias fue abierta hace 14 años), y a pocos días de cumplirse un aniversario más de aquel golpe de Estado, un tribunal decidió llamar a juicio oral a ocho militares —entre los que se encuentran los exgobernantes de facto Jorge Videla y Reynaldo Bignone— por el presunto plan para la “sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años”, llevado a cabo durante la última dictadura militar.
"Evangelización de inocentes"
Francisco Madariaga fue uno de esos nietos que el año pasado reencontró su verdadero pasado. Llamaba papá a alguien que no lo era. Llamaba mamá a quien no lo había parido. Su infancia, como él mismo lo describe, fue una mentira construida que descubriría al cumplir 32 años.
Papá y mamá no eran papá y mamá. Eran los cómplices de un robo, un secuestro. Eran, son, Víctor Alejandro Gallo, un oficial de Inteligencia del ejército argentino, y su esposa, Inés Susana Colombo, hoy parte acusada de este juicio que se prevé puede durar más de ocho meses.
“Es verdad cuando dicen que los bebés robados eran un juguete de guerra. Siempre me trató como si fuera el enemigo. Cuando tenía como ocho años, él regresaba de trabajar y me agarraba a golpes de la nada”, cuenta Francisco, a quien le llamó la atención la fecha y el lugar que se leía en un registro de nacimiento: 1977 (un año después del golpe militar) en Campo de Mayo.
Haber nacido en Campo de Mayo no era cualquier cosa. Tras la restitución de la democracia, en 1983, se conoció el horror vivido en esta guarnición militar, donde funcionaba un centro de torturas.
Allí, las jóvenes embarazadas eran llevadas a una habitación que anteriormente fuera usada como cocina, donde frecuentemente eran violadas y luego inducidas a parir, mientras eran observadas e insultadas por sus captores. Después de 1977, comenzaron a ser trasladadas en absoluto sigilo al Hospital Militar, donde permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta. No quedaban registros de su ingreso ni de los niños que nacían. La orden al personal médico era ignorar. No ver, no escuchar, no hablar.
Igual situación ocurría en otros centros de detención, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5 de La Plata, El Vesubio, El Olimpo y Automotores Orletti, donde había habitaciones insalubres que hacían las veces de “maternidades clandestinas”.
Era el “gran secreto” del Proceso de Reorganización Nacional, como llamaron sus actores principales a los años de dictadura, afirma el fiscal Federico Delgado. “Un plan que tenía como fin penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’”, dice.
“Es que el tráfico de menores era visto como una especie de redención para los pequeños, que en vez de criarse con sus padres biológicos, del bando ‘subversivo’, se educarían en hogares católicos y patrióticos”, explica por su parte Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tanto así que en los círculos militares se hablaba libremente de la “evangelización de los inocentes”.
Justicia reparadora, pero irrecuperable
Se presume que en el juicio, que contempla acusaciones de 34 casos específicos, investigará a más militares y contará con nuevos casos de hijos de desaparecidos encontrados. “Se trata de una causa viva porque existen expedientes que avanzan en forma paralela en distintos juzgados”, cuenta Estela de Carloto, quien menciona que uno de esos casos podría ser el de su nieto, Guido, aún desaparecido.
También se espera obtener resultados de los exámenes de ADN hechos a los hijos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a quien han acusado de haberlos adoptado ilegalmente. Según algunos testimonios, éstos habrían sido entregados directamente por Videla a los colaboradores de “La Señora”, como se le conoce en Argentina a esta empresaria de medios.
Desde el actual escenario, es posible que el exgeneral sea condenado a prisión perpetua una vez más. Dos penas de igual tenor lleva sobre su espalda y a sus 85 años parece importarle poco. Haciendo gala de un aplomo que desconcierta a los jueces, a los testigos y a la opinión pública, el que fuera la cabeza del golpe de Estado de 1976, cuestionó durante la semana la autoridad del Tribunal para juzgarlo.
Junto con Videla y Bignone, también serán juzgados los exmarinos Antonio Vañek, Rubén Franco, Jorge Luis Magnacco (médico a cargo de los partos en la ESMA) y Jorge El Tigre Acosta; el exgeneral Santiago Riveros y el exprefecto Jorge Antonio Azic, quien algunos años atrás fracasó en su intento de suicidio.
Abuelas y nietos, entre tanto, siguen reclamando justicia. Una justicia reparadora, como describe Agustín Cetrangolo, víctima de la dictadura, hijo de desaparecidos. “Muchas abuelas murieron sin sus hijos y sin sus nietos. Por eso, aunque sean condenados, hoy no podrán devolvernos lo irrecuperable”, se le oyó clamar el pasado lunes en los juzgados de Comodoro Py.
El caso de los hijos de la dueña de 'Clarín'
En marzo de 1976 los militares tomaron el poder, en un golpe que abrió un ciclo de terror en Argentina. Ese año, según el expediente judicial, Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grandes del país, adoptó a dos niños, Marcela y Felipe. Años después el caso fue abierto por las Abuelas de la Plaza de Mayo, que creen que los hijos de Herrera de Noble eran de desaparecidos de la dictadura. El caso tocó el punto más alto en 2002, cuando un juez argentino ordenó la detención durante unas horas de la dueña del diario Clarín por falsificación en el documento de la adopción. Ahora las Abuelas esperan que Marcela y Felipe, hoy de 35 años, permitan la prueba de ADN para despejar la incógnita de su procedencia. Ellos se niegan, aduciendo que ya les tomaron una en 2003.