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Esta semana los representantes de Chile y Bolivia hablarán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir, después de más de sesenta años de discusiones y alegatos y desencuentros diplomáticos, la anhelada salida al mar que Bolivia reclama como derecho soberano. Este lunes Felipe Bulnes, representante de Chile, desglosó los argumentos de su país para oponerse a la demanda, que el propio Evo Morales instauró ante ese tribunal en abril de 2013: Bulnes, como se preveía, dijo que Bolivia no puede renegociar el tratado que determina sus límites territoriales, firmado hace tantos años (1904: una década después de que Bolivia y Perú perdieran en guerra contra Chile), y que la CIJ carece de autoridad para formular una sentencia. En declaraciones anteriores, los portavoces bolivianos —entre ellos Morales, que ordenó izar en las casas la bandera boliviana durante toda la semana— recordaron que lo suyo no era una renegociación de aquel tratado, sino el reclamo de un derecho propio a cada nación.
Y Chile disiente
Que el tratado es inamovible y que las formas de la diplomacia deberían ser más creativas, dicen sus representantes. Que la CIJ comenzó su jurisdicción en 1948 y, por lo tanto, no tiene ningún poder para modificar un tratado previo a su nacimiento. Que “Bolivia cuestiona la estabilidad de las fronteras”. Que ya en 1975 Augusto Pinochet —dictador de Chile— y Hugo Banzer —dictador de Bolivia— se habían reunido y que ningún acuerdo salió de esa mesa en Charaña, la población fronteriza donde ocurrió la reunión. Que de estudiar la demanda —y aprobar la petición de Bolivia—, la CIJ deformaría la jurisprudencia internacional que se ocupa de estos temas y perjudicaría las relaciones diplomáticas con un país con el que, en realidad, Chile no ha tenido mayores acercamientos diplomáticos desde el fracaso de la conversación entre dictadores.
Y Bolivia insiste
¿Por qué insiste a pesar de la certeza chilena de que el tribunal es incompetente? Hay dos litigios esenciales que alimentan la valentía de Evo Morales: Colombia contra Nicaragua y Chile contra Perú. En ambos casos, fue ese tribunal el que tomó la decisión de cierre. Colombia y Chile tuvieron que ceder sendas porciones de su territorio marítimo a pesar de que los límites habían sido determinados por tratados previos a la creación de la CIJ. Los tratados Esguerra-Bárcenas —y la exacta invención del meridiano 82— y algunos otros de mitades del siglo pasado fueron mencionados por Colombia y Chile para alegar soberanía. No hubo caso: la CIJ decidió a favor de los demandantes sobre una base casi invisible de tratados imprecisos y arbitrarios.
Este caso, sin embargo, tiene una particularidad: el tratado de 1904 —firmado durante el gobierno boliviano de Ismael Montes— señala con claridad la cesión del departamento del Litoral —la zona donde se encontraba la salida al mar— y contempla una serie de “reparaciones” para Bolivia a causa de esta pérdida. El tratado fue firmado más de dos décadas después del fin de la guerra, de modo que podría presumirse que no hubo ninguna presión militar o política. Desde los años 50, los dos gobiernos han discutido numerosas alternativas ante la pretensión boliviana de recuperar ese terreno, basada también en el argumento de que dicha pérdida ha detenido el desarrollo social y económico del país (aunque, de acuerdo con el tratado, Bolivia tiene un trato especial para transportar mercancías por el Pacífico a través de Chile). Las negociaciones, sin embargo, han sido infructuosas; en ese sentido, la demanda de Bolivia permite dos interpretaciones: el cansancio de las vías diplomáticas comunes y el aprovechamiento de aquellos precedentes que podrían impulsar la demanda a su favor.
Bachelet se ha declarado tranquila y ha pedido paciencia. Esta es la segunda vez que se enfrenta a las peticiones de Bolivia al respecto: durante su primer mandato, Evo Morales formuló una discusión —infructuosa como el resto— de once puntos, entre ellos la salida al mar. Ahora el argumento de Morales difiere de sus aspiraciones anteriores en el reclamo de un derecho inalienable, tanto que un punto dedicado a ello fue incluido en la Constitución de 2009. Por eso, la diplomacia chilena ha presentado, en el primer día de alegatos, una detallada revisión de las ocasiones en que Bolivia ha presentado esta misma petición y una mirada a las negociaciones fracasadas. “La reapertura de cuestiones ya zanjadas en el tratado se remontan a 1920, cuando (Bolivia) solicitó una revisión del tratado de 1904, y la Liga de Naciones rechazó su solicitud. Desde entonces en cuatro ocasiones al menos ha vuelto a intentar revisar los tratados”, dijo Bulnes en los alegatos. Bolivia parece consciente de esa infinita demanda malograda y ahora ha mudado de argumento.