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El Comité Popular del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el cual aglutina diversos movimientos sociales, publicó este viernes en Río de Janeiro un informe en el que denuncia que el Gobierno brasileño "violó los derechos humanos" durante la organización de estos eventos.
Uno de los aspectos que abarca el estudio de esta organización es el impacto de estos dos grandes eventos sobre la vivienda, algo que, según sus pesquisas, significó el desalojo forzoso de alrededor de 250.000 brasileños.
En el informe del comité también se vincula el nombre de las grandes constructoras brasileñas que realizaron las obras de las principales infraestructuras para la celebración de estos torneos con la financiación de las campañas políticas de los partidos que participaron en las elecciones presidenciales de octubre en este país.
En el ámbito del empleo, se argumenta que la participación de los cerca de 14.000 voluntarios que colaboraron con la Fifa durante el Mundial de Fútbol viola la legislación laboral brasileña, que estipula que el voluntariado solo se permite en entidades públicas o en instituciones privadas sin ánimo de lucro.
Según los cálculos de esta organización social, en la que participan institutos de investigación y representantes de comunidades, el Mundial de Fútbol supuso un gasto para las arcas del país de 33.853 millones de reales (unos 15.387 millones de dólares).
Del mismo modo, también critican la baja inversión privada, algo que, en su opinión, el Gobierno "sobrestimó" e indican que el dinero público podría haber sido invertido en subsanar un tercio del déficit de camas en los hospitales del país. En materia medioambiental, el informe dice que no se han respetado las leyes de impacto ambiental para la realización de las obras y que también se produjeron simplificaciones en los procedimientos de licitación ambiental para "los proyectos de interés público".
Otro aspecto destacado en este estudio es el legado sobre la estructura deportiva del país y denuncian que, a día de hoy, muchos deportistas brasileños no pueden entrenarse en instalaciones adecuadas de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Además, este comité popular también denunció en su informe que, como consecuencia de la organización de estos eventos, aumentó el precio de los transportes públicos, uno de las peticiones que motivaron las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil en junio de 2013.