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La reivindicación de la presidenta brasileña Dilma Rousseff ante la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un organismo regulador del funcionamiento de internet recupera, con más fuerza que nunca, el reclamo que varios gobiernos han hecho durante la última década. Brasil, Rusia y China aseguran que Estados Unidos tiene demasiado poder sobre la infraestructura y el contenido de la red. Y las acusaciones de espionaje masivo cometido por Washington sirven para abogar por mayores protecciones.
La propuesta de Brasil puede alterar la esencia de internet. La red fue concebida como un ente abierto y dinámico, y así ha permitido el flujo de información y la comunicación más allá de las fronteras. El pasado mes de diciembre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de Naciones Unidas, negoció una revisión de las Regulaciones Internacionales de Telecomunicaciones, el tratado conocido como ITR, por sus siglas en inglés. China y Rusia, a los que ahora se une Brasil, intentaron que se incluyese internet en el tratado para poder regular su actividad.
Para EE.UU., esto suponía abrir la puerta a que los gobiernos interfieran en la infraestructura de la red, regulando el tráfico y determinando qué tipos de contenido existen y cuáles pueden ser aceptados o prohibidos. También alegó que una nueva definición de las comunicaciones podría chocar con su defensa de la libertad de expresión y acabó rechazando un texto ratificado por 89 de los 144 países participantes.
Cualquier regulación que se apruebe acerca de internet alterará su funcionamiento, pero para EE.UU. esto también significaría ceder parte del control que ejerce sobre ella, ya que la mayor parte de su infraestructura tiene su base en territorio estadounidense y muchas de sus empresas reparten el tráfico hacia el exterior, ganando la posibilidad de rastrearlo y vigilarlo. Para los países a favor de una normativa multilateral, la situación actual equivale al poder absoluto de EE.UU. sobre la red.
Ante la previsible falta de consenso internacional acerca de las competencias y el nivel de influencia de un organismo regulador, y ante el poder que EE.UU. puede ejercer sobre las comunicaciones en la red —como han demostrado las revelaciones sobre el espionaje masivo de la NSA—, gobiernos como el de Brasil plantean la creación de redes alternativas, delimitadas por las fronteras geográficas e inmunes a la injerencia de cualquier otro gobierno.
Para David Abrams, especialista en ciberseguridad del Berkman Center for Internet and Society, de la Universidad de Harvard, esta opción altera igualmente el concepto actual de la red. “La única manera de garantizar esa protección es el aislamiento”, asegura el experto, “pero esto iría precisamente contra sus fundamentos”.
El país que más lejos ha llevado la protección —y el control— de lo que ocurre en internet dentro de sus fronteras es China, con la creación de la llamada “gran muralla” que abraza y vigila sus comunicaciones. Si se extendiera este ejemplo, afirma Abrams, internet dejaría de ser una red internacional. “Esto es lo opuesto de una red abierta, ya que otorga a los gobiernos más métodos para controlar lo que pueden ver los usuarios”.
China ha creado una red “lo suficientemente libre para apoyar y mantener la economía de crecimiento más rápido del mundo, pero también lo suficientemente cerrada para acallar las amenazas políticas a su monopolio en el poder”, escriben Jack Goldsmith y Tim Wu en su obra ¿Quién controla internet? Según los autores, gracias al sistema de control y filtración de información de la red, en China internet “se parece cada vez menos a sus equivalentes occidentales” y se está “alejando del resto del mundo”.
Para Goldsmith y Wu, la coacción de los gobiernos “es el elemento más importante que falta en las predicciones sobre el futuro de internet”. Los autores defienden que EE.UU., la Unión Europea y China son los mayores poderes a la hora de determinar la “arquitectura” de la red, los que pueden establecer en qué se va a convertir con el paso del tiempo. Brasil y Rusia sólo acaban de recordarle a la comunidad internacional que quieren voz y voto en ese futuro.
ESPECIAL DE ‘EL PAÍS’, WASHINGTON