Las sombras que ocultaban lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado mexicano de Guerrero, comenzaron a despejarse tras la publicación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), que durante seis meses investigaron los hechos.
Con base en 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos, los seis expertos internacionales de la comisión cuestionan la versión oficial, entregada por la Fiscalía el 2 de febrero de 2015, en la que se aseguraba que: “Los 43 estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula”.
“El GIEI está convencido de que los muchachos no fueron incinerados en basurero de Cocula”, anunció el investigador Francisco Cox. De acuerdo con el informe del GIEI, “toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula (...) No hay evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Y concluye que para incinerar 43 cuerpos se requerirían 30.100 kilos de madera o 13.300 de llantas que arderían por 60 horas.
Hasta la fecha sólo han sido identificados los restos de uno de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, por lo que los investigadores consideran que “no deben darse por muertos sino por desaparecidos, y que la búsqueda tiene que seguir”.
Coinciden con la investigación oficial en que las policías de Iguala y Cocula fueron las que dispararon contra el grupo de estudiantes y después los entregaron al grupo narcotraficante Guerreros Unidos. En lo que difieren es en que la responsabilidad se limite a grupos narcotraficantes y policías, pues, tras hablar con testigos, “está probada la presencia de miembros de la Policía Federal y del Ejército en distintos momentos y escenarios diferentes”.
“Testigos señalan la presencia de Policía Federal en el Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez, los dos escenarios en donde fueron detenidos y desaparecidos los normalistas”, dice el documento.
Los expertos proponen una línea de investigación que nunca fue contemplada por los investigadores oficiales: el uso de autobuses para llevar droga a Estados Unidos. El GIEI encontró un vínculo entre todas las víctimas de la violenta noche: todos viajaban en bus. Hay que recordar que el 26 de septiembre hombres armados atacaron a los estudiantes, al tiempo que otro grupo disparaba contra un autobús donde se movilizaba el equipo de fútbol Los Avispones. El saldo: murieron tres estudiantes, un futbolista, el conductor del autobús del equipo y una mujer que fue alcanzada por las balas, 17 personas fueron heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Señala el informe que el transporte de heroína entre Iguala y Chicago se realiza con frecuencia en autobuses. “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque y su duración en el tiempo”. Iguala es un centro importante de tráfico hacia Chicago (EE.UU.).
El grupo de expertos también denunció el nivel de miedo para poder llevar a cabo la investigación en Iguala. “Numerosos testigos no quisieron hablar, otros lo hicieron en medio de un gran temor y otros proporcionaron información sólo después de numerosos contactos a través de redes de confianza. El miedo no es únicamente una respuesta al nivel de agresión sufrido, sino al grado de control que se percibe en la zona por parte de los perpetradores y sus cómplices, y la falta de protección que sienten los testigos”.
Señala el informe que los agentes de la Fiscalía solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba estudiantes. “Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales”. Según el documento, esta omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación.
Le piden al gobierno de Enrique Peña Nieto llevar a la justicia a los responsables, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Lamentaron no haber podido ofrecer un diagnóstico definitivo de lo que les sucedió a los estudiantes.