La publicación de cerca de 134 mil nuevos cables de Wikileaks desde el pasado 26 de agosto, en algunos de los cuales vienen incluidos los nombres de quienes han hablado confidencialmente a diplomáticos estadounidenses, y cuyas identidades habían sido protegidas en cables anteriores, ha despertado la preocupación del Departamento de Estado estadounidense y de defensores de derechos humanos.
Su consternación radica en la posibilidad de que las fuentes, que incluyen a periodistas y académicos que residen en países de regímenes autoritarios, sufran represalias como el despido de sus trabajos, la persecución o la violencia, por haber proveído información a EE.UU.
En 2010, tras publicar nombres de ciudadanos afganos que proveían información sobre talibanes al ejército norteamericano, Wikileaks fue objeto de fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos. Desde entonces la organización fue más cautelosa en sus publicaciones, usando un software para omitir nombres propios en los documentos de la guerra en Irak, o publicando versiones de los cables después de que fueran editados por medios de comunicación.
Pero ahora Wikileaks vuelve a publicar sin omisiones. Según una declaración emitida por la misma organización, esta táctica obedece a la intención de maximizar el impacto de la información, permitir a gente de diversas nacionalidades interpretar los contenidos y contrarrestar la percepción de que Wikileaks había disminuido su actividad durante los últimos meses.
Una portavoz de ese Departamento, Victoria Nuland, declaró que la información revelada, “además de cuestionar nuestros esfuerzos diplomáticos, pone en peligro la seguridad de individuos, amenaza nuestra seguridad nacional y socava nuestros esfuerzos de trabajar con países para resolver problemas comunes”.
Los nombres de un funcionario de las Naciones Unidas en África Occidental y el de un activista de derechos humanos que trabaja en Camboya figuran entre quienes quedaron expuestos en la información revelada. Ambos, según el Times , habrían hablado a las embajadas estadounidenses, confiando en que su identidad no se haría pública.
Colombia, Venezuela y Rusia
Entre la más reciente información que fue filtrada de la Embajada americana en Bogotá figura un cable confidencial de una reunión realizada durante la mañana del 29 de julio de 2009, al día siguiente de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retirara a su embajador en Colombia en respuesta a unas declaraciones del gobierno colombiano, según las cuales misiles antitanques interceptados a las Farc habrían sido comprados por Venezuela a fabricantes suecos.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero, y el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, lamentaron la reacción de Venezuela, que llamó a la evidencia —confirmada por los gobiernos de Suecia, Estados Unidos y la Interpol— una falsa invención.
Los viceministros reportaron que las Farc estarían buscando comprar misiles tierra-aire y pidieron al gobierno estadounidense una discreta ayuda para persuadir a Rusia para que detuviera las ventas de armas a Venezuela. Asimismo, los funcionarios dijeron que el gobierno colombiano planeaba dirigirse directamente a Rusia para detener estas ventas o al menos asegurarse de que la transferencia de armas no fuera para las Farc.