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A menos de cinco semanas de que los colombianos voten a favor o en contra de los acuerdos de paz con las Farc, hay quienes dicen que van a votar por el No porque, en su criterio, con estos acuerdos se pretende seguir el camino de Cuba y Venezuela e imponer el castrochavismo en Colombia.
“El Gobierno disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo de demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo. Así empezaron (Fidel) Castro y (Hugo) Chávez” , sostuvo al respecto el expresidente Álvaro Uribe.
Por otra parte, algunos aseguran que con estos acuerdos se busca imponer una “dictadura gay”. Un argumento que ha hecho carrera tras el debate suscitado por la aparición de unas cartillas que fueron vistas por algunos sectores como un intento de imponer una “ideología de género”.
La diputada santandereana Ángela Hernández, una de las mayores defensoras de esta tesis, sostuvo a través de Facebook que le preocupaba mucho “que ahora pretendan incluir la misma ideología de género en nuestra Constitución utilizando el plebiscito”.
Como prueba de ello, Hernández denunció que la palabra género, “que no está hoy en nuestra Constitución, aparece 114 veces en el Acuerdo Final, que ahora pasará a ser Acuerdo Especial”. Hay que decirlo: estos argumentos no invalidan, de ninguna forma, la campaña por el No.
Sin embargo, son cuestionables, por lo menos a la luz de la historia. Empezando, por ejemplo, por que el castrochavismo y la comunidad LGBTI, antes que aliados, han sido enemigos en reiteradas ocasiones.
En Cuba, por ejemplo, miles de homosexuales fueron enviados a campos de trabajo forzado, entre ellos el escritor Reinaldo Arenas, quien estuvo detenido dos años por cuenta de su homosexualidad. Ésta no fue legal hasta 1979. Pero fue apenas en los años 90 que los homosexuales cubanos empezaron a ver cambios, aunque pequeños.
El año 1993 es clave gracias al estreno de una película que puso en evidencia las dificultades de ser gay en La Habana. El largometraje “Fresa y chocolate”, dirigido por el maestro Tomás Gutiérrez Alea, se convirtió en la primera película cubana en ser nominada al Óscar. Pero, sobre todo, dio inicio a un acalorado debate sobre la situación de los homosexuales en la isla. En 1994 se fundó la Asociación Cubana de Gays y Lesbianas, que, sin embargo, fue cerrada por el Gobierno en 1997. Ya en este siglo hubo mayores cambios, entre otras razones, gracias a la labor de la diputada Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro.
En 2010, en una entrevista con La Jornada, de México, Fidel Castro se disculpó por la persecución en contra de los homosexuales. “Fueron momentos de una gran injusticia, la haya hecho quien sea”, dijo. Desde 2013, el gobierno cubano ha tomado medidas a favor de la comunidad LGBTI.
Esto ha sido reconocido por organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en 2015 esta entidad denunció que había recibido informes sobre “asesinatos de personas LGBT, abuso policial, discriminación contra personas LGBT, que provienen de otras provincias, en La Habana, discriminación contra personas trans en cuanto a salud, educación y empleo y discriminación contra defensoras y defensores de derechos de personas LGBT”.
En Venezuela, el panorama no es mejor. En 2015, la CIDH indicó que había recibido información “preocupante sobre actos de violencia contra personas LGBT, en particular sobre asesinatos, abuso policial, expresiones de altos funcionarios del Estado que promueven los prejuicios y estigmatizan a personas LGBT, ausencia de la protección legal a parejas del mismo sexo, discriminación en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de personas LGBT, y discriminación respecto de defensores y defensoras de derechos de personas LGBT, entre otros”.
Según Venezuela Diversa, “aun cuando (el Gobierno) presenta (al) país con un contexto social y jurídico progresista sigue estando muy rezagado en relación a la protección expresa contra toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género”.
La mejor muestra de que un gobierno de izquierda no es, necesariamente, algo bueno para la comunidad LGBTI es Ecuador, otro país considerado castrochavista por la oposición colombiana. Allí su presidente, Rafael Correa, se ha mostrado en contra tanto del matrimonio igualitario como de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y ha impedido avances en esta materia. “No estoy de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque creo que la naturaleza algo de razón debe tener y que los niños deben estar en la familia tradicional, conformada por hombre y mujer”, dijo el primer mandatario ecuatoriano en 2013. Algo similar ocurre en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha hecho varios comentarios que rayan en la homofobia.
Hay que decirlo: otros gobiernos, de derecha, han actuado de forma muy similar a los ya mencionados. Pero los gobiernos que han tomado medidas radicales a favor de la comunidad LGBTI no se podrían considerar tan fácilmente castrochavistas. El punto es que castrochavismo y comunidad LGBTI no van mucho de la mano. Igualmente, hay ciertos elementos que permiten, por lo menos, controvertir el argumento de que, con el acuerdo de paz, Colombia va camino al castrochavismo.
Si se compara a Cuba y Venezuela con Colombia, sobre todo los gobiernos de Raúl Castro y Nicolás Maduro con el de Juan Manuel Santos, se pueden avizorar varias diferencias. Primero una evidente: su relación con Estados Unidos. Mientras Cuba y Venezuela llevan años de guerra fría con Washington, Colombia fue durante años el principal socio de Estados Unidos en la región.
Muy difícilmente Cuba o Venezuela hubieran aprobado que Estados Unidos enviara un delegado a participar en un acto de tal importancia como, por ejemplo, las negociaciones con una organización guerrillera como las Farc, quienes, valga decirlo, reconocieron el apoyo de Washington al proceso. De la misma forma, mientras en Cuba y Venezuela ha habido restricciones a la inversión extranjera, en Colombia ésta ha sido promovida.
Segundo, una diferencia estructural: pese a todo, Colombia es una democracia estable, aunque con algunos lunares. Y una particularidad: en este país nunca ha habido un presidente que pudiera considerarse, abiertamente, de izquierda; si al caso ha habido mandatarios de centro. Pero, en su mayoría, el poder ha estado en manos de la derecha, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, en general, donde izquierda y derecha llevan décadas turnándose el poder.
Por ello mismo, aunque frágil, en Colombia hay una división de poderes que se mantiene más o menos estable y que asegura que haya controles recíprocos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Lo que no ocurre en Cuba y Venezuela.
Curiosamente, si hubo algo que puso en duda al equilibrio de poderes fue la reelección presidencial aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, puesto que le permitió al presidente tener un mayor poder, por ejemplo, en las altas cortes. Pero nunca al nivel de Cuba o Venezuela.
Esto ha permitido, por ejemplo, que la Corte Constitucional haya tomado medidas en contra de los intereses del presidente. Eso mismo permite que, pese a que las Farc vayan a recibir curules en el Congreso, esto no les asegura el poder. Incluso si las Farc tuvieran mayoría en el Parlamento, esto no les significaría un poder incontrolable.
Como la mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela no le ha permitido a la Mesa de Unidad Democrática un mayor margen de maniobra. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde los republicanos son mayoría, pero son los demócratas los que ocupan la Casa Blanca.
Tercero: aunque influyentes, en Colombia los militares no tienen tanto poder como en Cuba y Venezuela. Valga recordar que ambos, Fidel Castro y Hugo Chávez, volvieron costumbre el dar discursos con uniforme, en parte para recordar su pasado como combatientes, en parte reconociendo el poder de los militares. Mientras tanto, en Colombia, la oposición ha acusado a Juan Manuel Santos de quitarles poder a los militares. Y es muy poco probable que se lo vea, alguna vez, de camuflado.
Si es que ha habido algo en lo que Colombia y Venezuela se parecen es, por ejemplo, el asistencialismo en el que han incurrido algunos gobiernos, una cierta actitud, digamos, displicente hacia la prensa y un discurso demagógico y caudillista. Pero, de nuevo, esos elementos han hecho parte de la política colombiana desde mucho antes de que el Gobierno se pusiera a negociar con las Farc.
Estos son apenas algunos de los elementos que diferencian a Colombia, Cuba y Venezuela. Y que ponen en tela de juicio la fuerza del argumento de que Colombia va directo hacia el castrochavismo. Aunque, por supuesto, no invalidan la campaña por el No.