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El Congreso chileno aprobó tras ocho meses de tramitación el primer pilar de la reforma educativa impulsada por el gobierno, que prohíbe la selección de estudiantes en escuelas subvencionadas, el financiamiento compartido con las familias y las ganancias de capital de los dueños de colegios.
La Cámara de Diputados aprobó el texto final de la ley, modificado en el Senado, que cambia las bases del sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que era profundamente segregador y ofrecía calidad en función de las condiciones socioeconómicas de las familias chilenas.
"Se acabó un sistema educativo impuesto en dictadura y a espaldas del pueblo", dijo tras la aprobación el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
A partir de marzo de 2016, el pago de familias a escuelas subvencionadas -donde acude más del 50% de los alumnos chilenos- se eliminará de forma gradual hasta alcanzar la gratuidad, a medida que aumente la subvención del Estado.
Los alumnos optarán a las escuelas -públicas y subvencionadas- por sorteo, y no podrán rendir exámenes ni presentar antecedentes socioeconómicos. El objetivo es que no sean discriminados por sus orígenes socioeconómicos, ni perpetuar la segregación. Pese a que los diputados aprobaron que este criterio fuera aplicado también en la educación privada, el Senado lo eliminó. Sin embargo, una de las indicaciones más polémicas aprobada es la que permite entrevistar de forma voluntaria a los padres de futuros alumnos, medida que algunos equiparan a la selección.
Para garantizar el fin de las ganancias de capital por parte de los dueños de colegios subvencionados, éstos deberán convertirse antes de 2017 en corporaciones sin fines de lucro. Contarán con un periodo de transición en el que deberán comprar las instalaciones de los colegios o arrendarlos a terceros que no estén relacionados con la corporación, para evitar el lucro.
"Con esta aprobación, cambiamos las bases de un sistema injusto", agregó Mario Venegas, presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
"Esta reforma no tiene futuro, y usaremos todas las herramientas de la democracia para deshacerla", criticó por su parte el parlamentario de la ultraderechista UDI Jaime Bellolio.
La reforma educativa es uno de los ejes principales del segundo mandato de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien se comprometió a que este proyecto de ley fuera despachado antes de fin de enero.
Para agilizar su tramitación, se fusionaron las comisiones de Hacienda y Educación del Senado, donde se introdujeron 400 modificaciones al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.