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Chile promueve evaluar asistencia a víctimas de minas en Latinoamérica

El propósito austral es garantizar la reinserción de las víctimas de minas antipersonal a la sociedad en condiciones de igualdad con la de otros ciudadanos.

EFE – Ginebra
04 de diciembre de 2015 - 12:53 p. m.
Archivo El Espectador / Archivo El Espectador
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Chile, que a partir del 1 de enero próximo ejercerá la presidencia de la Convención sobre la Prohibición del Minas Antipersonales, convocó a los países latinoamericanos a una reunión para evaluar los desafíos en materia de desminado y de asistencia a las víctimas en la región.

El objetivo es que los países todavía afectados por esta problemática se sirvan de la experiencia de aquellas naciones que ya han cumplido las obligaciones que asumieron al ratificar la Convención.

Estas se refieren al despeje de las zonas minadas, la destrucción de sus arsenales de minas y a las acciones en favor de las víctimas, sean familias de fallecidos o supervivientes.

El encuentro tendrá carácter informal y permitirá conocer más en detalle la situación de los procesos de desminado en Latinoamérica.

Asimismo, será útil para determinar cómo se puede reforzar la asistencia a las víctimas, una cuestión a la que Chile desea dar prioridad durante su presidencia de la Convención, dijo la embajadora de Chile ante la ONU en Ginebra, Marta Maurás.

"Es importante que como Estados Parte de la Convención podamos garantizar la reinserción de las víctimas de minas antipersonal a la sociedad en condiciones de igualdad con la de otros ciudadanos", comentó.

Según las estadísticas de organizaciones especializadas, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Perú están entre los 28 Estados parte de la Convención que han reportado tener un importante número de supervivientes.

Maurás recordó que en 2010 Centroamérica fue la primera región del mundo en declararse libre de minas y que los esfuerzos deben encaminarse ahora a que Sudamérica también lo consiga.

Chile se incorporó a la Convención en 2001 y efectúa tareas de desminado en su territorio. Tras haber pedido una prórroga de ocho años para cumplir con esta obligación, debe quedar libre de minas en 2020. 

Por EFE – Ginebra

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