:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/VohfJ029vehz3CiLOZpo6DTkwiw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/CG57Q3Q7I5FKZHTH6EEM4KMKYM.jpg)
Cerca de 200 iraquíes pidieron este lunes a un tribunal londinense que se autorice una investigación pública en el Reino Unido sobre las torturas y matanza de civiles supuestamente perpetradas por soldados británicos tras la invasión de Irak.
El grupo de damnificados, entre los que se cuentan ancianos, mujeres y niños, pidieron al Tribunal Superior de Londres a través de sus abogados que apoye la puesta en marcha de una investigación independiente, al considerar que la que actualmente realiza el ministerio británico de Defensa no cumple "los requisitos necesarios de imparcialidad".
El ministerio investiga las alegaciones de las víctimas del conflicto, que duró desde la invasión británico-estadounidense de 2003 hasta 2009, a través del llamado Equipo de Alegaciones Históricas (IHAT).
Pero los abogados de los iraquíes desconfían de su eficacia porque en él participan agentes de la Policía de la Marina, una sección de las Fuerzas Armadas que estuvo en los interrogatorios que pudieron violar la ley.
En su presentación ante el tribunal, los letrados del bufete Public Interest Lawyers alegaron que esa pesquisa será insuficiente para esclarecer "las violaciones sistémicas de derechos humanos" y actos "de una brutalidad estremecedora" supuestamente cometidos por las tropas del Reino Unido.
En un documento de 82 páginas presentaron pruebas de esas presuntas violaciones perpetradas durante interrogatorios en centros de detención británicos en el país árabe o en actos indiscriminados contra civiles.
Los abogados aseguran que, además de las 192 personas representadas este lunes, al menos otras 800 están dispuestas a presentar denuncias contra el Ejército británico.
Una portavoz del ministerio de Defensa recordó que ya se han pactado 227 indemnizaciones extrajudiciales a iraquíes damnificados, por un valor de 15,1 millones de libras (17,6 millones de euros). Pero insistió en que era "prematuro y desproporcionado" impulsar una investigación pública independiente, seguramente presidida por un juez, cuando hay en marcha la que lleva a cabo la Defensa.
El proceso judicial ante el Tribunal Superior durará tres días, tras lo cual el juez dictaminará si procede autorizar la pesquisa que piden las víctimas iraquíes.