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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebra este 18 de abril su 70 aniversario como principal órgano judicial de la ONU en un momento en el que buena parte de sus casos conciernen a países latinoamericanos que intentan resolver en La Haya sus conflictos territoriales y marítimos.
La mayoría de países del continente acepta la jurisdicción de la CIJ gracias al Pacto de Bogotá de 1948, por el cual las partes se comprometieron a evitar el uso de la fuerza en caso de conflicto y acudir a la corte.
No obstante, algunas voces han puesto en entredicho la vigencia del acuerdo.
La más notoria ha sido la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en 2012 anunció que se retiraba de dicho tratado multilateral tras un fallo de la CIJ que redefinía sus fronteras marítimas con Nicaragua.
No obstante, el principal órgano judicial de la ONU se declaró hace un mes competente para juzgar otros dos casos entre Colombia y Nicaragua, siendo uno de ellos una denuncia de Managua a Bogotá porque esta última no estaba aplicando la sentencia de 2012.
En un encuentro reciente con periodistas internacionales en La Haya, el juez vicepresidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, dijo que "el caso seguirá y la corte tomará su decisión. Esperamos que Colombia, en sus últimos análisis, cumpla e implemente el fallo".
Preguntado por la posibilidad de que Colombia no lo respete, el vicepresidente de la CIJ recordó el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que si un estado no aplica una de sus decisiones, el otro estado perjudicado puede pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas.
"Es una especie de espada de Damocles que cuelga sobre los países", dijo Ahmed Yusuf, aunque admitió que dicha situación no se da a menudo.
El juez reconoció que Colombia puede abandonar el Pacto de Bogotá, aunque también dijo que este país tendría la posibilidad de volver a la CIJ si lo considerase necesario amparándose en otros tratados multilaterales.
Recordó que algo similar ocurrió con Estados Unidos, cuando no aceptó en 1986 un fallo en su contra relacionado con su apoyo a los grupos paramilitares de la Contra nicaragüense.
Estados Unidos volvió poco después a La Haya bajo otro tratado multilateral denunciando la toma de rehenes en su embajada en Irán.
Por otro lado, Ahmed Yusuf lamentó de que Colombia no trajera a la CIJ una de los razonamientos que usó en sus negociaciones con Nicaragua.
Según el juez, en ellas Bogotá dijo a Managua que quería preservar algunos derechos tradicionales de los pescadores de varias islas colombianas que están en las inmediaciones de las aguas en disputa, así como proteger el medio ambiente del área.
"Desgraciadamente este asunto no fue traído ante la CIJ. Si esos derechos tradicionales hubieran sido argumentados aquí, habrían sido tenidos en cuenta", aseguró.
Otros dos casos enfrentan actualmente a países latinoamericanos en La Haya, entre los que figura el litigio que tienen pendiente Nicaragua y Costa Rica sobre la delimitación de sus fronteras marítimas.
El otro es el largo contencioso entre Chile y Bolivia, por el que este último reclama al primero una salida al mar.
En septiembre de 2015 la CIJ se declaró competente para juzgarlo y estableció el 25 de julio de 2016 como fecha límite para que Chile presente su contramemoria.
Es posible que este no sea el único caso entre ambos países en La Haya.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hace tres semanas su intención de presentar una segunda demanda contra Chile por el uso "ilegal" y "abusivo" que este país hace de las aguas de la zona fronteriza del Silala.
La CIJ, que solo trata conflictos entre estados, ha visto cómo se le han multiplicado el número de casos en los últimos 20 años.
Según su vicepresidente, esto es una buena señal porque significa que la confianza en la corte ha crecido y los países deciden resolver sus conflictos a través del derecho y no de la guerra, "una de las maneras de hacer política que los estados podían utilizar antes de la creación de la ONU", afirmó.