Colombia "destruyó" argumentos de Nicaragua en el litigio

Así lo señaló el representante colombiano en el caso, el exembajador Julio Londoño.

El exembajador colombiano Julio Londoño consideró que "destruyó" los argumentos de Nicaragua sobre su reclamo de soberanía en 50.000 km2 del mar Caribe, durante los alegatos que presentó el jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

"Los argumentos colombianos destruyeron literalmente la argumentación y las pretensiones de Nicaragua con respecto a la soberanía sobre los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia", dijo Londoño desde La Haya a Caracol Televisión.

Londoño, quien inició el jueves la presentación de los argumentos de Colombia ante la CIJ, dijo además que la soberanía colombiana sobre el archipiélago "está apoyada por los títulos, por el derecho, la historia, la geografía, por un ejercicio ininterrumpido de jurisdicción y soberanía desde el virreinato de la Nueva Granada".

El archipiélago de San Andrés y Providencia conforma el departamento (provincia) insular que tiene Colombia en el Caribe. Nicaragua reclama 50.000 km2 en El Caribe, incluyendo las islas y cayos que constituyen el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, claves por sus recursos naturales y minerales, de acuerdo con la argumentación que presentó el lunes y martes en La Haya.

En una primera decisión en 2007, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora la Corte debe definir "cuáles otros componentes insulares hacen parte del Archipiélago, aparte de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", y "la soberanía sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana".

Londoño considera que a favor de Colombia también juega el criterio de que la Corte "reconocerá que no es posible que en cualquier momento un Estado pueda pretender desconocer los tratados con cualquiera de sus vecinos". Y aseguró: "Colombia está tranquila".

La CIJ escuchará los argumentos de Nicaragua y Colombia en las sesiones públicas que durarán hasta el 4 de mayo, pero la sentencia final podría demorar meses, aunque ambas delegaciones prevén que se dicte antes de fin de este año.