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Días antes del 1º de enero, cuando los seis cubanos que ahora tramitan su refugio en Colombia llegaron al aeropuerto El Dorado, el Ministerio de Relaciones Exteriores había enfrentado una situación similar. Un grupo de 10 ciudadanos somalíes ingresados irregularmente solicitaba el trámite, explicando que en su país de origen eran perseguidos y necesitaban colaboración y protección. Como lo haría con los seis cubanos, la Cancillería les entregó un salvoconducto de cinco días para realizar los trámites pertinentes, el cual que les sería extendido a dos meses mientras se estudiaba su caso.
Hoy el gobierno colombiano no sabe en dónde se encuentran estos ciudadanos, ni cómo hallarlos. Desaparecieron, y con ellos la posibilidad de ser considerados refugiados, pues su ausencia no deja otro camino que la negación a su solicitud.
Parece un problema en aumento ahora que los cubanos llevaron el tema a la prensa, tras haber vivido 11 días en la terminal internacional de El Dorado, a donde llegaron luego de que Ecuador les negara la entrada. Sus días de salvoconducto comenzaron el lunes pasado y se agotan mañana. La petición sigue en trámite y, de serles negada, les daría dos meses para abandonar el país, pero el Gobierno no parece dispuesto a que se repita la historia: que, a través de solicitudes de refugio, Colombia se convierta en un trampolín para quienes tienen como fin llegar a otros países en busca de oportunidades o llegan guiados por organizaciones ilegales especializadas en el tráfico de personas.
La realidad de los últimos días ha dirigido los reflectores a este punto y llevado al Gobierno a analizar las posibilidades. De allí surgió la idea, hecha pública por la canciller, María Ángela Holguín, de estudiar la instauración del requisito de una visa de tránsito para ciertos países. No serían más de cinco y entre ellos estarían Cuba, Somalia y Bangladesh, naciones originarias de la mayoría de los casos de este tipo.
Apenas hace dos días la Policía Nacional de Colombia detuvo en una carretera del departamento del Cauca a seis inmigrantes cubanos y cinco somalíes sin los requisitos migratorios necesarios. Si adicionalmente se miran las cifras entregadas por la canciller Holguín, en las que consta que 434 extranjeros han tramitado el refugio desde 2010, entre ellos 230 cubanos y 51 de somalíes, podría encontrarse la razón de la selectividad del Gobierno para la medida en estudio.
No obstante, Carlos Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, considera que la opción de imponer visa de tránsito debe ser considerada con detenimiento: “Podría haber consecuencias comerciales derivadas del costo que tendría dicha visa, que podría disminuir el número de visitantes al país e incluso generar cambios en las políticas de las aerolíneas. Adicionalmente, podría ser vista por la comunidad internacional como una falta de reciprocidad, dado el levantamiento de visas en los últimos años para colombianos por parte de ciertos países. Además, que el criterio de exigencia sea tan arbitrario abriría la puerta a que se lanzaran críticas que acusen discriminación”.
Dado su prolongado conflicto y las formas de violencia derivadas de él, Colombia ha sido uno de los países de mayor generación de refugiados, unos 390.000 distribuidos por el mundo, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Habrá que mirar si Colombia tiene autoridad moral para realizar reformas para controlar el refugio de extranjeros”, sentencia el profesor Arévalo, y señala que podría haber otras alternativas, como mejorar los controles en los pasos fronterizos y capacitar mejor a los agentes contra la inmigración ilegal, en ciertos casos ligada a organizaciones criminales.