Lo primero que deseo que se conozca en Colombia y en el mundo es que la afirmación de que Colombia está unida en torno a la decisión de rebeldía, traducida en la decisión de no comparecer más en los procesos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y de no cumplir con su sentencia de fondo de 2012, es falaz. De hecho, abogados internacionalistas y no abogados con quienes he conversado comparten mi percepción, por los mismos o distintos motivos, sobre el error y el riesgo potencial de esta actitud que se asemeja a una pataleta del perdedor: sencillamente la parte se convierte en juez y si la Corte, compuesta de expertos internacionalistas, no hace eco de sus ideas, se afirma que ha infringido el imperio del derecho. La reacción ha sido emocional, pasional, pero no racional, pues las consecuencias pueden ser nefastas. Así que no se nos aglutine: la masificación en torno de ideas nacionalistas ha llevado a sendos errores en la historia.
Como académico gozo y tengo la responsabilidad de ser objetivo. Ciertamente puedo errar, pero sería contrario a la ética que diga que Colombia tiene razón sólo por ser colombiano. Por eso, quiero analizar un par de cuestiones pendientes.
Lo primero es que ciertamente los órganos judiciales, internacionales e internos, pueden errar. De hecho, con frecuencia en discusiones y escritos se exponen las razones por las que se considera que una Corte ha errado, y es válido examinar si una sentencia es correcta. De hecho, en el propio seno de la Corte la mitad de sus miembros, incluyendo a una jueza china injustamente acusada en Colombia en el pasado, apoyaron el argumento colombiano de que había cosa juzgada que impedía conocer el fondo. Los agentes de Colombia pueden estar insatisfechos, pero no pueden acusar a la corte de haberse extralimitado o, como se conoce técnicamente, haber actuado ultra vires.
Si por poco se le da la razón al Estado colombiano, su ausencia futura será peligrosa en tanto, como se dijo en 1986, la Corte tiene, precisamente para no incumplir su mandato, la obligación de decidir el caso, y Colombia perderá la oportunidad de que se le escuche. Gracias a que participó se concluyó el jueves 17 que algunos erróneamente ven como negro que, contrariamente a lo argumentado por Nicaragua, Colombia no actuó de forma agresiva amenazando con usar la fuerza militar contra nicaragüenses. Recordemos, además, que en 2012 realmente no se sufrió una derrota total.
Si Colombia no comparece, he de advertirlo, el Estado entonces actuará de forma negligente, incumpliendo el deber de defender sus intereses y derechos. No se puede garantizar el resultado de un proceso, pero hay que esforzarse por tener un buen desempeño. Hay grandes internacionalistas en este país, y entre los que conozco no he visto a ninguno al que se le haya pedido asesoría por parte del Estado, pero sí a expertos en áreas que no son del derecho internacional. Ellos pueden ayudar, pero el conocimiento especializado y la experiencia el derecho internacional, que es un ordenamiento jurídico distinto y con su propia lógica, pueden ser decisivos. Además se debe contratar a científicos, cuyos estudios son determinantes en relación con la identificación de cuestiones sobre la plataforma continental.
Por último, hay que abordar la negociación: es cierto que ella es un mecanismo de solución de diferencias y puede adelantarse simultáneamente a un proceso judicial, y que un acuerdo puede llevar a que éste finalice. Pero si conviene negociar es distinto en cada uno de los dos casos pendientes. El primero, sobre incumplimiento de la sentencia, es claro: hemos incumplido, y los argumentos lo aceptan. Se dice que se acata el fallo pero hay dificultades constitucionales internas. Esto es doblemente errado: en derecho internacional el derecho interno, incluso constitucional, no justifica incumplir el interno y si se intenta esto se generará responsabilidad. Además, la Corte en 2012 no modificó los límites marítimos: dijo cuáles eran. Colombia debe cumplir y puede negociar aspectos como reparaciones, evitando una condena mayor.
En el caso sobre plataforma continental, Nicaragua no tiene nada que perder. Como mínimo, se dirá que tiene 200 millas náuticas, por lo cual dudo que esté dispuesta a satisfacerse con quedarse así. Sería improbable. Precisamente por ello, Colombia debe hacer una excelente y diligente defensa, pues mucho está en juego. El pasado 17 de marzo no se perdieron los casos, se dijo que se puede decidirse sobre ellos. Y si se pierde, hay que acatar las reglas de juego. El derecho internacional sirve no sólo para cooperar en pro de fines comunes, sino también para la cooperación. Con qué autoridad moral puede pedir el Estado que el habitante en Colombia inconforme con su desempeño o decisiones (y razones hay para estarlo) no se rebele ignorando sus reglas. Y si hay insatisfacción, han de tomarse medidas pacíficas y racionales, como ahora tantos piden. Pero Colombia sigue siendo pasión. Falta racionalidad y un respeto por el imperio del derecho. Quizá Santander se inquieta en su tumba, la que de palabra se honra pero no tanto con hechos en este lugar del mundo, que compartimos con nicaragüenses y otros congéneres.