Comunidad del Caribe busca reparaciones por esclavitud

Encadenados de dos en dos, o incluso de seis en seis, eran transportados los esclavos en barcos negreros europeos hacia las colonias de América para los siglos XVI y XVIII. Cuando eran vendidos, debían soportar que se grabara con un hierro candente las iniciales del comprador en su pecho o espalda. Las condiciones hacinamiento propagaban enfermedades, mortalidad y sublevaciones. Aquellos que lograron sobrevivir llegaban a servir a los imperios de Francia, España, Holanda o Inglaterra, entre otros. Algunos historiadores señalan que fueron más de doce millones de africanos los secuestrados en la costa occidental de su continente.

Hoy, ya libre, la Comunidad del Caribe (Caricom- de la que no pertenece Colombia-) atribuye la actual brecha social y económica de la región a esos días, reclamando una reparación que incluya, además, a los descendientes de los más de 10 millones esclavos que hoy no están en su patria. Una acción legal será su arma.

El encuentro semestral de la Conferencia de Jefes de Estado de Caricom, celebrado en julio de 2013, fue el marco de la iniciativa que comenzó con la creación de comisiones de reparación en cada uno de los quince países miembros del bloque. En la más reciente versión de este encuentro, iniciada el 10 de marzo de este año, la misión para exigir una compensación por parte de las antiguas potencias coloniales de Europa tomó forma. Esta vez se adoptó por unanimidad un plan de diez puntos que busca, entre otras cosas, inversión para el desarrollo del caribe en infraestructura, salud y educación, así como una disculpa “sincera” de Europa por aquellos días de esclavitud y sus consecuencias.

"Creemos que tenemos a la ley y los acontecimientos de nuestro lado en relación al legado del genocidio de nativos y la esclavitud de africanos", señaló recientemente a los medios el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien hace un año ya había manifestado al diario ‘Trinidad and Tobago Guardian’ que “durante más de 30 años ha existido un movimiento que se originó en las bases de la sociedad civil, entre intelectuales y profesionales, que han reclamado reparaciones por el genocidio de sus nativos y por la esclavitud”.

La tarea legal la emprenderá la firma inglesa Leigh Day & Co, que de hecho ya tiene antecedentes de victorias en casos similares. En el 2013 sus abogados lograron que se entregara más de 30 millones de dólares de reparación, después de que Reino Unido reconociera torturas a miembros de Mau Mau, una organización guerrillera de insurgentes kenianos que luchó contra el Imperio británico durante el periodo de 1952 a 1960. De ahí, quizá, que el abogado de la firma Martyn Day se anime a señalar a los medios que “es un conjunto completo y justo de demandas a los gobiernos cuyos países se enriquecieron a expensas de aquellas regiones cuya riqueza humana les fue arrebatada”. Se impuso “durante otros cien años políticas destinadas a perpetuar el sufrimiento de los esclavos emancipados y los supervivientes del genocidio”, agrega.

El paso a seguir, señala la firma de abogados, será la celebración en junio de una conferencia entre los representantes de las comunidades del Caribe y los países involucrados, entre los que se encuentran Holanda, Francia y el Reino Unido, para intentar llegar a una solución negociada donde buscarán, además, la repatriación de aquellos descendientes que todavía creen en el regreso a África.

Caricom, mientras tanto, se niega a creer que una victoria sea imposible. Después de todo, se apoyan en antecedentes como el del año 1999, cuando se logró el pago por parte de Occidente de más de 700.000 millones de dólares a los países africanos que durante el periodo colonial fueron esclavizados, gracias a la intervención de la ‘African World Reparations and Repatriation Truth Commission’.

La reparación, señalan los líderes de Caricom, sería una puerta al desarrollo de naciones como Haití, que aún vive la devastación del terremoto que dejó más de 250.000 personas muertas en 2010 y que hoy tiene a más de 200.000 personas viviendo en condiciones de precariedad.