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Confinados en la frontera colombo-venezolana

La vereda La Siberia, en plena frontera colombo-venezolana, enfrenta una situación de restricción a la movilidad y escasez de alimentos.

Daniel Salgar Antolínez
17 de mayo de 2015 - 02:00 a. m.

 

La Siberia es una de las 15 veredas del municipio de Herrán, en el departamento de Norte de Santander. Está localizada en plena zona de frontera con Venezuela y actualmente vive una situación de confinamiento, entre las restricciones impuestas desde el país vecino y la falta de una vía que la comunique con el casco urbano a través del territorio colombiano.

La mayoría de los habitantes de La Siberia han sido desplazados por el conflicto armado y han retornado a su vereda. Un informe de la alcaldía municipal de Herrán relata que desde 1999 se empezó a sentir la presencia de actores armados no estatales, especialmente el Eln, que se establecieron alrededor de Siberia, “en donde, puede decirse, mantenían su centro de operaciones y desde donde coordinaban los recorridos por el resto del territorio municipal”.

Además de los frentes Carlos Germán Velazco, Efraín Pabón Pabón y Carlos Armando Cacua del Eln, también ha hecho presencia el grupo de las autodefensas Águilas Negras, que tenía su centro de operaciones en el vecino municipio de Chinácota.

En la zona ha habido tres desplazamientos masivos. Se iniciaron en 2003 a raíz de las continuas amenazas y presiones que el Eln ejercía y de los enfrentamientos entre esta guerrilla y el Ejército de Colombia. Ese año, dice el citado informe, las familias desplazadas abandonaron temporalmente sus propiedades y se trasladaron al casco urbano para solicitar la ayuda de las autoridades locales, que a su vez acudieron a las instancias departamentales y finalmente las familias retornaron a su hogares acompañados de las Fuerzas Militares.

No fue suficiente. “Cada vez que la comunidad advertía la no presencia de la tropa, amenazaba con desplazarse hasta el área urbana. Así las cosas, se dieron dos desplazamientos más, uno hacía el año 2004 y el último hacía el año 2005”, dice el informe.

Aún hoy, La Siberia —que concentra el 80% de los desplazados de Herrán— sigue siendo un lugar de paso ocasional del Eln y otros grupos ilegales, incluidos pequeños carteles dedicados al contrabando. Su ubicación estratégica en el límite con el municipio de Toledo y con la comunidad venezolana de Betania lo convierte en un paso obligado para todo tipo de comercio, incluido el ilegal. La presencia del Ejército Nacional, a pesar de las promesas, no es permanente.

Pero los actores armados ilegales son sólo una arista del problema. Con la ola invernal de 2010-2011, la única vía que comunicaba a La Siberia con el casco urbano de Herrán, y con el resto del país, quedó destruida. Debido a esto, para acceder a servicios de salud (en la vereda no hay una institución que preste este servicio), conseguir alimentos y acceder a la educación, así como para comercializar sus productos agrícolas, los habitantes tienen que utilizar las carreteras en territorio venezolano, a través del estado fronterizo del Táchira, para llegar a Colombia.

En años pasados esto no representaba un problema para los habitantes de La Siberia, que se podían desplazar por el país vecino para llegar hasta su pueblo sin que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pusiera mayores problemas. Pero las cosas han cambiado desde que se incrementó la deportación de colombianos desde el país vecino. Y desde que el presidente Nicolás Maduro habló sobre un presunto plan para derrocarlo que se estaba tejiendo en la región fronteriza de Rangovalia, municipio limítrofe con Herrán, ha cambiado el trato de los guardias venezolanos con los colombianos. Un importante líder comunitario de la vereda ya fue deportado cuando se movilizaba a través de las carreteras venezolanas para volver a Colombia. Además, se han presentado otros casos que, según han manifestado pobladores ante diferentes instituciones colombianas, incluyen abusos y maltrato por parte de la GNB.

Un informe emitido en octubre del año pasado por la Defensoría del Pueblo y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) dice que en reiteradas ocasiones la Guardia venezolana ha amenazado y maltratado verbalmente a funcionarios colombianos que intentan prestar los servicios sociales del Estado, como el ICBF, brigadas de salud, docentes, la personera municipal, etc., impidiendo su llegada hasta la vereda por territorio venezolano. Esto sumado a las requisas y retención de sus objetos personales o laborales.

El informe agrega que la población tiene la restricción de entrada y salida de alimentos y sólo algunas personas que tienen cédula venezolana u otros documentos válidos en el vecino país logran transitar. “La actual situación de Venezuela pone en riesgo a los habitantes de La Siberia, pues tienen restringido el paso de personas, de sus productos agrícolas, de las urgencias de salud, sumado a que sin documentación para transitar de manera regular por Venezuela, se someten a dos horas de recorrido donde se encuentran dos puestos de la Guardia Venezolana y una base del ejército, bajo el riesgo de ser deportados”.

Con el temor que les genera la GNB en el lado venezolano y sin una vía adecuada para transportarse a través del territorio colombiano, los habitantes se encuentran confinados. Esto es grave, teniendo en cuenta que estas personas dependen de su movilidad y el comercio de sus productos para su subsistencia. El líder comunitario recientemente deportado, por ejemplo, tuvo que regresar a su vereda a través del territorio venezolano a pesar de su deportación. Ahora se enfrenta a la necesidad de seguir transitando de manera ilegal para llegar al casco urbano de su municipio, corriendo el riesgo de una segunda deportación.

Óscar Calderón, coordinador regional del Servicio Jesuita a Refugiados en Norte de Santander, explica que la ausencia de una vía por territorio colombiano hace compleja la subsistencia económica de La Siberia. “Vemos a una comunidad agrícola que no tiene cómo sacar sus productos al territorio nacional, sino a Venezuela. Los venden allá en bolívares, pero el cambio del bolívar al peso no les favorece y no les representa los ingresos básicos para cubrir sus necesidades. La situación de confinamiento lleva a un riesgo de inseguridad alimentaria”.
El acceso a la educación es otro problema. En La Siberia sólo hay una escuela hasta quinto grado y, para que hicieran el bachillerato, muchas familias enviaron a sus hijos a estudiar en Venezuela, donde sin embargo tienen dificultades para certificar y homologar sus estudios y aspirar a una carrera profesional o técnica en Colombia. Otras los enviaron a estudiar a Cúcuta y otros puntos del lado colombiano.

La Cancillería ha hecho algunas visitas a la zona en los últimos dos años. Desde el 26 de marzo del año pasado se estableció que mediante recursos de la Gobernación se podría invertir en las obras de desbloqueo de la vía como solución de corto plazo. Según la Cancillería, “esta sería una medida transitoria, pues la inestabilidad del terreno en la zona implicaría nuevos derrumbes y la solución definitiva sería hacer el trazado de una nueva vía que conecte a La Siberia con la cabecera municipal”.

Hoy la problemática persiste. Cinco años después de la ola invernal, por falta de recursos y otras razones, no se ha reconstruido la vía para garantizar la movilidad de los habitantes a través del territorio colombiano. Según la Cancillería, “se ha venido monitoreando que muchas de las actividades fundamentales de la vida en La Siberia sean suministradas con envíos y transportes a través de territorio venezolano y para ello se ha constatado que las autoridades venezolanas permitan las comunicaciones necesarias para diversas actividades”.

Algunos actores, como la Defensoría del Pueblo, han planteado la remota posibilidad de revivir el acuerdo de Tonchalá de 1959, para proveer la libre movilidad de los habitantes de La Siberia por territorio venezolano con fines de estudio, trabajo y comercialización de productos. Actualmente en la zona no existe un acuerdo binacional de libre tránsito, por lo que técnicamente los habitantes se hallan en situación irregular cada vez que pasan el río Táchira para ir a donde sus vecinos venezolanos.

Según Calderón, la comunidad necesita con urgencia un mayor compromiso por parte del Estado colombiano para salir del confinamiento. “Es una gran ironía y en medio de las dificultades la gente bromea: tenemos internet, estamos conectados con el mundo, pero no podemos salir a la cabecera municipal”.

 

Por Daniel Salgar Antolínez

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