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El Congreso de Brasil inicia este lunes un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff que agrava la incertidumbre sobre el futuro de la séptima economía mundial azotada por la peor recesión en décadas.
Una comisión de 65 diputados será designada para recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de manejo irregular de las cuentas públicas y luego decidirá si propone al plenario archivar la denuncia o seguir tramitándola, lo cual podría conducir a su separación del cargo.
El proceso llevará meses y el gobierno, que cree contar con los votos necesarios para salvar a la presidenta, quiere que se resuelva rápidamente. La oposición, en cambio, procura extenderlo de modo que, al calor de los problemas económicos, los posibles reclamos de las calles generen disidencias en las filas de Rousseff.
La celeridad de los procedimientos depende de que el gobierno consiga que el Congreso suspenda el tradicional receso estival que empieza el 22 de diciembre y se prolonga hasta febrero.
"La demora de todo este proceso conspira contra la economía, la empeora y eso es malo para el gobierno", comentó a la AFP Rubens Figueredo, politólogo de la Universidad de Sao Paulo.
Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), es acusada de prácticas presupuestarias no ajustadas a la ley y de realizar gastos suplementarios sin la autorización previa del Congreso.
La presidenta asegura que no ha hecho nada ilegal y que repitió procedimientos que a gobiernos anteriores no se le cuestionaron.
"Si el gobierno estuviera funcionando bien, no habría espacio para el impeachment porque políticamente (la acusación) no sería tan relevante", dijo a la AFP Everaldo Moraes politólogo de la Universidad de Brasilia.
"El impeachment de Dilma se da un contexto de degradación política económica y social, entonces hay que buscar una salida a esta crisis", dijo.
Crisis y corrupción
A once meses de iniciado su segundo mandato ganado con 54 millones de votos, la popularidad de la mandataria se desmoronó a apenas 10% arrasada por escándalos de corrupción y una crisis económica que se perfila como la peor en 85 años.
Decenas de políticos allegados al gobierno, así como banqueros y ejecutivos de grandes compañías están presos por la gigantesca corrupción destapada en Petrobras. La investigación, que no ha levantado sospechas sobre Rousseff, aún está en curso.
Casi en paralelo, Brasil sufrió con el enlentecimiento de la economía mundial y perdió la imagen de país ejemplar que consiguió sacar a 40 millones de habitantes de la pobreza y ser una estrella entre los emergentes.
Las cuentas del gobierno están en rojo y el gobierno emprendió un severo ajuste fiscal. La inflación está en alza y llega a casi 10%, la moneda perdió casi 30% de valor ante el dólar y el desempleo alcanza sus niveles más altos en 6 años. Su PIB se contraerá 3% este año y 1% en el próximo, estima el FMI. Una recesión tan extensa no se veía desde el bienio 1930-31.
En manos del PMDB
La suerte de Rousseff está en manos su principal aliado el centrista PMDB, el mayor partido de Brasil pero con numerosas fracciones. Su líder es el vicepresidente Michel Temer, de 75 años, quien se llamó a silencio desde que el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también del PMDB, dio vía libre al impeachment el pasado miércoles.
Ya hay síntomas de resquebrajamiento en el bloque que debería defender a Rousseff. Un ministro muy cercano a Temer dejaría el lunes el cargo para operar en favor del enjuiciamiento de la presidenta.
"Muy probablemente el silencio de Temer se deba a que tiene que conciliar posiciones en su partido. Sabe que si va contra la corriente, saldrá quemado. Es un conciliador. Acompaña la marea y la marea hoy va contra el PT", comentó Moraes