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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una grave crisis financiera que amenaza su labor de proteger los derechos humanos en las Américas. Si el organismo no recibe fondos, o al menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio, sus capacidades se verán muy reducidas. Según James Cavallaro, el presidente de la Comisión, es hora de que los Estados que en la OEA han reiterado públicamente sus compromisos con los derechos humanos, pongan su plata donde ponen sus palabras.
¿Cómo se financia la Comisión y por qué ha llegado a esta crisis?
A través del fondo regular, que es lo que los Estados pagan a la OEA y que esta organización distribuye entre sus distintas iniciativas. El primer tema complicado es que recibimos solo el 6% del total del presupuesto de la OEA. Si se compara esto con el Consejo de Europa, que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos, allá gastan el 40% del presupuesto en su Corte. En términos absolutos, gastan alrededor de 115 millones de dólares. Entre la Comisión Interamericana, que recibe menos de cinco millones, y la Corte Interamericana, hablamos de unos 8 millones de dólares en total para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces tenemos, por un lado, esta deficiencia en el fondo regular. Con esos cinco millones de dólares tenemos pocos funcionarios.
Pero tenemos proyectos con otros países, contamos con el apoyo de países europeos. Hace cuatro o cinco años recibimos un millón de dólares de España, por ejemplo. Ahora el aporte de los europeos ha sido menor, por la crisis que vive Siria y la situación de los refugiados en ese continente.
Así que la Comisión se financia entre el fondo y contribuciones voluntarias de los estados miembros de la OEA y otras donaciones de países observadores y fundaciones como FORD, Open Society Foundation y otras que apoyan con proyectos. Esas son las fuentes que hemos tenido en los últimos años, pero no es suficiente y por eso tenemos un rezago.
¿Los Estados han dejado de aportar voluntariamente a la Comisión Interamericana?
Hay muchas variaciones. El que más aporta con contribuciones voluntarias es Estados Unidos, que ha aumentado el valor. Nos da dos millones al año. Pero desde 2015, el total de las contribuciones voluntarias de los Estados del Caribe y de América Latina fue de 200 mil dólares. Es interesante ver, en términos del compromiso de los Estados, que hay cifras que llegan hasta casi 14 millones de dólares que han dado en donaciones a la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene ningún caso contra ningún país del continente y tiene una sola pre investigación abierta. Eso frente a los 200 mil dólares para la CIDH, que es la institución internacional que más asuntos tramita en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de alrededor de 6 mil peticiones, casos en la Corte Interamericana, audiencias temáticas, informes. Es muy curiosa esta comparación, uno se pregunta: ¿por qué tanto dinero para un órgano que no hace nada en el continente, mientras se estrangula financieramente al órgano más importante y de más visibilidad? Hay que preguntárselo a la Cancillería de Colombia y de todos los países del continente.
Hablemos del atraso procesal que tiene hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las cifras y cómo empeorará esto con la crisis?
Tenemos un rezago de casi casi 7 mil peticiones no procesadas. Hace dos años, cuando comencé en la Comisión, conseguimos hacer el trabajo jurídico de más de cuatro mil peticiones. Lo que pasa es que analizamos los asuntos dedicando recursos humanos a esa tarea, pero no hemos podido notificar a las partes, porque nos falta personal de tipo administrativo. La OEA no nos deja contratar personal administrativo porque dice que está congelando las contrataciones. Estamos en la lógica de la OEA, que pasa por una crisis financiera general. Pero es que somos la CIDH. La Comisión y la Corte Interamericana son las dos instituciones más importantes y más conocidas en la OEA. Todos dicen que la joya de la corona de la OEA es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero nos dan solo el 6% del presupuesto. Es imposible. La forma en que ha conseguido sobrevivir la Comisión ha sido a través de las contribuciones voluntarias de los Estados. El año pasado, repito, todas las contribuciones dieron 200 mil dólares. Así no se puede mantener el nivel. Con el nivel que tenemos de personal no hemos conseguido resolver el rezago y eso se va a complicar. Va de mal en peor. Vamos a perder a 30 funcionarios. Hemos tenido que suspender las sesiones de junio y octubre, eso va a tener un impacto brutal en la sociedad civil.
¿Cuál es ese impacto en la sociedad civil?
La Comisión es muy importante para la sociedad civil, para darle visibilidad a los temas importantes del continente, agilizar sus casos, sus reclamaciones, abrir paso para que los estados puedan entre sí analizar y desarrollar mejores políticas. Un montón de cosas que la Comisión hacía en audiencias públicas, ya no va a ocurrir. Centenas de defensores de derechos humanos de distintos países no van a tener ese espacio. El impacto va a ser muy grande y negativo.
Una de las funciones de la CIDH es emitir medidas cautelares para prevenir la violación de los derechos humanos de cualquier individuo en las Américas, en situaciones de gravedad y urgencia. Este mecanismo ha evitado que se pierdan vidas y países como Colombia han diseñado estructuras para la implementación de esas medidas cautelares. ¿Qué va a pasar con esta crisis en el grupo de protección de la CIDH, el que emite las medidas cautelares?
Está amenazado. Si no hacemos algún tipo de manejo de personal, nos quedamos básicamente sin grupo de protección. Y así puedo hablar de otras áreas. Vamos a estar a la mitad de personal para tratar los casos. Tenemos ahora 32 abogados para 34 países. No tenemos ni siquiera un abogado por país. ¿Y vamos a tener alrededor de 15? No hay posibilidad de mantener el grado de efectividad. Si ahora estamos con rezago, luego va a ser peor. Hay riesgo de que se acabe con el equipo de medidas cautelares, vamos a tener que reconstruirlo, pero con personas que van a tener que aprender la metodología, la jurisprudencia, el conocimiento acumulado, el perjuicio va a ser muy grande. Me impresiona que esto no sea una novedad para los Estados.
¿Cree que los Estados quieren acabar con la CIDH?
Es una pregunta que hay que hacerles. En el caso de Colombia, ¿cuántos millones gasta en los derechos humanos, con los diversos órganos de derechos humanos dentro de cada entidad gubernamental? ¿Y cuánto nos ha dado? Hay que preguntarle a las autoridades. Y así país por país. En abril fui ante el Consejo Permanente de la OEA y les dije a los Estados que vamos a enfrentar una crisis grave, que necesitamos apoyo. Y 14 Estados respondieron que sí, que hay que apoyar a la Comisión. Ninguno nos ha dado un centavo. Este jueves estaré en el Consejo Permanente diciendo una frase conocida: put your money where your mouth is (pongan la plata donde ponen la palabra). La plata no es para comérsela Es para ponerla donde uno dice que hay prioridad. Los estados dicen que apoyan al Sistema Interamericano, entonces que lo apoyen, porque estamos en crisis. Lo decimos de forma muy clara y pública, porque lo hemos dicho de todas las otras formas y no nos hacen caso.
En el Sistema Europeo de Derechos Humanos no existe una instancia como la Comisión. Algunos piensan que el Sistema Interamericano puede entrar en un proceso de disolución de la Comisión para que quede sólo la Corte Interamericana. ¿Por qué es importante que en el Sistema Interamericano siga existiendo la Comisión?
Le voy a decir algo: el sistema europeo mejoraría si tuviera una comisión. En las Américas, con lo que tenemos de violaciones gravísimas, por ejemplo Ayotzinapa, Berta Cáceres, los falsos positivos, y así país por país, es más que necesaria la Comisión. Comparemos, por favor, el índice de homicidios de Honduras con los de cualquier país europeo. Comparemos el número de personas desaparecidas forzosamente en México, con todos los países europeos juntos. Comparemos la guerra sucia de Argentina con las situaciones recientes de Europa. No hay comparación. Para enfrentar esas graves violaciones hay que trabajar con políticas púbicas, con visitas in loco como las que hace la Comisión, con las audiencias públicas, con las distintas competencias que tenemos de monitoreo permanente y que nos dan la posibilidad de responder a situaciones gravísimas, de una manera en que una Corte no puede responder. Entonces, la idea de eliminar a la Comisión como en Europa no tiene lógica aquí. No estamos en Europa y para enfrentar los problemas de este hemisferio la Comisión ha sido fundamental y seguirá siéndolo hasta que la situación cambie radicalmente. Teniendo en cuenta la situación del continente, el debate no debería ser si la Comisión sobra, sino cómo podemos fortalecerla en su trabajo, su visibilidad, sus medidas cautelares y sus visitas.