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Cuba: ¿Hacia una nueva agenda de derechos humanos?

La excarcelación de 53 presos políticos sirve como una muestra del compromiso que tiene Cuba en la negociación para reestablecer relaciones con EE.UU., pero es difícil verla como un avance en la situación de DD.HH. en el país.

Daniel Salgar Antolínez
14 de enero de 2015 - 03:33 a. m.
Uno de los 53 presos políticos excarcelados.
Uno de los 53 presos políticos excarcelados.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

La excarcelación de 53 presos políticos por parte de Cuba, que se completó recientemente, fue una de las condiciones fundamentales para poner en marcha la negociación entre La Habana y Washington hacia el restablecimiento de sus relaciones. La liberación sirve como una muestra del compromiso que tiene el régimen de los Castro con la negociación, pero es difícil verla como una mejora en la situación de derechos humanos en el país caribeño.

Son 53 en una larga lista de disidentes políticos encarcelados. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), "al menos 489 detenciones arbitrarias por motivos políticos" se realizaron en diciembre, lo que supone casi un centenar más con respecto al mes anterior. Sólo el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, "al menos 234" opositores "pacíficos" fueron arrestados en el marco de una "oleada de detenciones". La CCDHRN cifra en 8.899 el número de detenciones por motivos políticos realizadas en 2014, frente a las 6.424 del año anterior. Además, ha señalado que la situación de libertades y derechos en Cuba sigue siendo "la peor de todo el hemisferio occidental".

Las excarcelaciones no garantizan que Cuba no siga arrestado a los que disienten, a los que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. De hecho, organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) han dicho haber recibido "información increíblemente preocupante", según la cual el aumento del hostigamiento y las detenciones de corta duración que se venía produciendo a lo largo de 2014 ha continuado en las últimas semanas. La directora de AI para América Latina, Erika Guevara, ha dicho que "la buena voluntad expresada por las autoridades cubanas con esta serie de excarcelaciones debe traducirse claramente en la aplicación de una nueva agenda de derechos humanos". Y que si las autoridades cubanas quieren " mantener su credibilidad ante un mundo que tiene la mirada puesta en ellas, lo siguiente que deben hacer es demostrar respeto por la libertad de expresión, de reunión y de asociación".

La isla tiene un largo camino por recorrer. En su informe anual de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que allí, durante décadas, se ha dado "una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes". El informe menciona "las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de Independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento".

Entre estos, garantizar la libertad de expresión es un importante desafío para las autoridades cubanas, que tienen las leyes más restrictivas en esta materia en el continente. Human Rights Watch (HRW) ha indicado en su informe anual de 2014 que “el gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y aplica un estricto control a la información que proviene del extranjero, lo cual restringe gravemente el derecho a la libertad de expresión.

Solamente una proporción ínfima de la población cubana tiene posibilidad de leer sitios web y blogs independientes, debido al alto costo de Internet y el acceso limitado a este recurso. Un decreto gubernamental de mayo de 2013, que procura ampliar el acceso a Internet, dispone que este medio no podrá ser utilizado para atentar contra la “seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional” de Cuba, es decir, se trata de condiciones amplias que podrían ser aplicadas para impedir que críticos del gobierno accedan a Internet”.

El informe añade que “son pocos los periodistas y blogueros independientes que logran escribir artículos para sitios web o blogs, o publicar tweets. Sin embargo, quienes publican información que se considera crítica del gobierno a veces son objeto de campañas de desprestigio, agresiones y detenciones arbitrarias, y lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades”.

Después de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaran el 17 de diciembre en simultánea la normalización de relaciones, la CIDH publicó un comunicado en el que afirma que espera que la decisión del Gobierno cubano "sea seguida de mayores medidas de apertura a la presencia internacional en el país", incluyendo a órganos de supervisión de derechos humanos, para lograr "avances concretos" en la protección de sus habitantes.

No obstante, el histórico anuncio del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington generó mucha inconformidad en la disidencia cubana en el exilio y en algunos senadores republicanos. Los críticos acusan a Obama porque, al validar como interlocutor a un régimen represivo y autoritario, le estaría dando espacio para que legitime sus políticas en lugar de cambiarlas y cumplir con los estándares de una democracia pluralista y respetuosa de los derechos humanos, condiciones que Cuba debería cumplir por ser un estado miembro de la OEA.
Al confirmar la excarcelación de los 53 detenidos, el gobierno estadounidense la calificó como un hecho muy positivo, aunque “no resuelve los problemas de derechos humanos en la isla”.

La Casa Blanca abrió una página web con el nuevo enfoque de sus políticas hacia Cuba, en la que afirma que: “el congreso de EE.UU. financia la programación de la democracia en Cuba para proporcionar asistencia humanitaria, promocionar derechos humanos y libertades fundamentales y apoyar la libre circulación de información en lugares en donde está restringida y censurada. La administración continuará implementando programas de EE.UU. enfocados en promover el cambio positivo en Cuba, y fomentará reformas en nuestro compromiso de alto nivel con los funcionarios cubanos”.

Estados Unidos también tiene un largo camino por recorrer en derechos humanos. De hecho, muchos lo ubican en la lista de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo. Respecto a Cuba, tiene dos desafíos importantes en esta materia: el primero, acabar con un embargo económico impuesto desde 1960 y que ha tenido un “impacto negativo” (así lo ha dicho la CIDH) sobre la población cubana en general. El informe de HRW reitera que el embargo económico aplicado desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

Segundo, aunque al parecer por ahora está fuera de la mesa de negociaciones, cerrar el centro de detención de Guantánamo, que es uno de los máximos referentes de violaciones a los derechos humanos en el mundo y se ubica en suelo cubano ocupado. Guantánamo es reconocido por las torturas, las detenciones ilegales que se han practicado allí durante 13 años. Lograr el cierre del penal fue la promesa electoral de Obama desde su primera campaña presidencial en 2008, sin embargo hasta ahora no lo ha logrado.

 

*  @DanielSalgar1

Por Daniel Salgar Antolínez

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