Las cifras preocupan. Si bien el Gobierno Nacional no ha ahorrado esfuerzos para atender la crisis en Cúcuta (Norte de Santander) y Paraguachón (La Guajira), por cuenta del cierre fronterizo con Venezuela, las ciudades cercanas al vecino país siguen recibiendo colombianos que huyen de una crisis que ya completa tres semanas. Desde el 21 de agosto 1.533 nacionales han sido deportados, de los cuales 1.098 han llegado al puente Simón Bolívar, 356 a Paraguachón y 79 a Puente Páez, en Arauca. La cifra revela tan sólo una parte del problema.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la crisis ha llevado al retorno de más de 21.000 personas a través de departamentos como La Guajira, Arauca, Vichada y Norte de Santander, en donde se registra la situación más crítica.
Los albergues parecen no dar abasto para atender a los damnificados e incluso la Alcaldía de Cúcuta ha expresado su preocupación, pues la cantidad de deportados y expulsados que han llegado a la ciudad ya sobrepasa el accionar de los organismos de atención. “Cúcuta no puede sostener a casi 16.000 personas deportadas o expulsadas y se necesita diseñar un plan de reubicación inmediata”, aseguró el mandatario de la capital nortesantandereana antes de dar inicio a una reunión extraordinaria con alcaldes de otras ciudades del departamento para buscar salidas a la crisis.
En Paraguachón la situación también es de cuidado y la escasez de alimentos y gasolina llevó incluso a que los pobladores marcharan exigiendo la presencia del presidente, Juan Manuel Santos, quien viajará hoy a La Guajira.
La reubicación de damnificados, los problemas de empleo, la situación de la población infantil y los problemas de salubridad son algunos de los aspectos que más preocupan en zonas fronterizas. Las medidas por parte del Gobierno Nacional se han dado poco a poco. El Ministerio de Salud, por ejemplo, creó programas preventivos con las personas que ingresan de vuelta al país, con el fin de evitar la presencia de epidemias en puntos como Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, pues el silencio epidemiológico de Venezuela (que no reporta datos de salud desde abril de 2014) constituye un riesgo considerable. De ahí la importancia del decreto 1768, firmado el pasado 4 de septiembre, mediante el cual se establecieron las condiciones para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos, para que los beneficiarios que ingresen al régimen subsidiado no tengan que registrarse en el Sisbén y las entidades territoriales sean las encargadas de realizar una jornada masiva de afiliación en la que los usuarios puedan escoger libremente la EPS de su preferencia.
En materia económica, el presidente Juan Manuel Santos dio ayer vía libre a la puesta en marcha de una serie de medidas con la firma de los decretos anunciados la semana pasada para mitigar la situación en la zona de frontera. Entre las medidas se encuentra el beneficio de exclusión del pago del IVA para Cúcuta, su área metropolitana y el municipio de Maicao (La Guajira), que —con una vigencia de tres meses— se aplicará para alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, gasodomésticos y electrodomésticos.
Asimismo, el Gobierno facilitó el acceso y pago de créditos a los colombianos afectados por la emergencia e inscritos en el registro único de damnificados, para que sus peticiones sean de carácter prioritario y sus casos sean estudiados de conformidad con la gravedad de la situación. La disposición, además, facilita el acceso a productos de ahorro y crédito “sin la necesidad de aportar documentos adicionales a la identificación personal, y tendrán atención prioritaria en las entidades financieras. Igualmente los deudores de la zona de frontera podrán redefinir sus condiciones de crédito sin que se afecte su calificación crediticia”, explicó recientemente el superintendente Financiero, Jorge Castaño.
El otro tema que sigue siendo foco de atención es el de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. De hecho, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, y el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Walter Márquez, se reunieron en la capital nortesantandereana para acordar una estrategia y definir las pruebas que serán presentadas ante los organismos internacionales sobre los delitos en materia de derechos humanos cometidos a raíz del cierre de la frontera y enmarcados en las denuncias de deportados. A su vez, la Procuraduría colombiana, en cabeza de Alejandro Ordóñez, anunció que este martes la entidad hará presencia en La Guajira para liderar las acciones en defensa de los derechos de las víctimas.
Más allá de las medidas urgentes que pueda adoptar el Gobierno para paliar la crisis, la preocupación de fondo sigue siendo cuánto más podrá sostenerse la situación. A la espera de una reunión entre los presidentes de ambos países para abordar el problema y dar fin a la crisis fronteriza, los habitantes de las zonas afectadas siguen en un ambiente de zozobra mientras aumenta el número de personas que llegan a Colombia provenientes del vecino país.