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Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder en diciembre de 2015 su fortuna ascendía a los $6,6 millones de dólares, según informaba la Oficina Anticorrupción (OA). Según todas las declaraciones juradas de la mandataria, la curva de enriquecimiento desde que su marido, Néstor Kirchner, llegó al poder en 2003, fue en ascenso. En 2010, fecha en que alcanzó su pico máximo, la pareja tenía en sus bolsillos $8,2 millones de dólares. La muerte del presidente en 2010 cambió un poco los números.
Los números de la prensa eran un poco más elevados. Los diarios locales cifraron en $10 millones de dólares la fortuna de Cristina Fernández en 2015 y mencionaban que entre los bienes figuraban propiedades heredadas en un 50% de su marido y mitad acciones de las empresas. Según reportaba Clarín, la receta de la familia fue invertir en propiedades y depósitos bancarios y así aumentar el patrimonio. La mandataria distribuyó su dinero en 12 cuentas bancarias.
La exmandataria declaró 26 propiedades, entre departamentos, casas y terrenos, que fueron avalados en $1,5 millones de dólares. El crecimiento patrimonial hizo que la justicia investigara a la pareja presidencial en dos oportunidades. Ambas veces la justicia desestimó las causas. Hoy la justicia es otra y la exmandataria está en la mira. En diciembre del año pasado, un juez ordenó el embargo de sus bienes, cuentas bancarias y la suspensión de pensiones por varios procesos en su contra.
A menos de un año de haber dejado el cargo (2007-2015) Cristina ya era investigada por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y lavado de dinero. Esta vez fue el juez Claudio Bonadío el que ponía los ojos en la familia Kirchner (los hijos de Cristina Fernández también están siendo investigados). Este juez ganó visibilidad cuando comenzó a investigar al poder político de turno y particularmente cuando lanzó las primeras acusaciones contra Cristina: la acusó de haber participado en una maniobra fraudulenta para autorizar, desde su cargo como presidenta, la venta anticipada de dólares que le provocó un perjuicio millonario al estado.
El juez le embargó las cuentas a la menor del clan, Florencia, a quien le embargó U$5,6 millones de dólares en efectivo en cajas de seguridad y cuentas de banco. Otro juez, Julián Ercolini, respondió afirmativamente a un pedido de la Fiscalía de acusar a la presidenta de perjuicio a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Cristina denuncia que es blanco de una persecución política por ser opositora al gobierno de Mauricio Macri.
El viernes, Kirchner fue citada para declarar el próximo mes ante un juez en una causa por presuntos sobornos a un empresario, revelaron fuentes judiciales. De nuevo, Bonadio la convocó para tomarle declaración indagatoria el 7 de marzo. Kirchner intentó varias veces impugnar judicialmente a Bonadio tras denunciarlo por lo que llama una "enfermiza animosidad" contra ella, pero los recursos han sido rechazados.
El caso de los sobornos es una investigación de supuestos pagos de "coimas" de la exmandataria a un empresario de la provincia de Santa Cruz (sur). Según Bonadio, hubo también "lavado de dinero" en la cuenta de la compañía hotelera de la familia Kirchner en la localidad patagónica del Calafate. Las presuntas "coimas" las habría cobrado el empresario patagónico Lázaro Baéz, quien está detenido desde 2015.
En una segunda causa contra Kirchner, otro juez la investiga por presunto intento de encubrimiento de exgobernantes iraníes, sospechosos de ordenar el atentado contra el centro judío AMIA hace 23 años con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
La acusación se basa en haber impulsado en 2013 la firma de un tratado con Irán para formar una comisión internacional investigadora del ataque. El memorándum argentino-iraní tuvo un aval mayoritario del Congreso en Buenos Aires, incluso de legisladores que apoyan ahora al macrismo, pero Teherán nunca lo revalidó. La comisión internacional nunca se constituyó y las alertas rojas de Interpol para arrestar a los iraníes jamás dejaron de estar vigentes.
La tercera causa contra Kirchner, en otro juzgado, es por presunta "asociación ilícita" y haber favorecido a Báez con obras públicas. Kirchner ha dicho que la figura penal de asociación ilícita fue "creada por gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores".
La cuarta imputación contra Kirchner es por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. La defensa de la expresidenta apeló la imputación con el argumento de que no existe ninguna figura delictiva en el código penal que condene aplicar medidas para evitar una devaluación de la moneda.