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En las últimas dos semanas, las protestas callejeras en contra del gobierno de Nicolás Maduro han sido reprimidas con fuerza, con un saldo de 438 personas detenidas en el desmantelamiento de tres campamentos en Caracas y con la dispersión de una marcha de estudiantes que pretendía llegar a la Nunciatura Apostólica.
Hasta ahora la mayoría de los cautivos está en libertad bajo el régimen de presentación en los tribunales penales, con previa presentación de fiadores y la firma de compromisos para no volver a participar en manifestaciones públicas, además de la prohibición de salir del país.
Según el reporte de dirigentes estudiantiles y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, 3.062 personas han sido apresadas en todo el país en más de 90 días de manifestaciones. De este grupo, 193 son menores de edad, tres de los cuales siguen detenidos. De los adultos, 173 aún esperan ser liberados. Los presos más emblemáticos son Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, y los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y San Cristóbal, Daniel Ceballos.
Desde hace diez días se sumaron a la lista 11 líderes estudiantiles que enfrentan cargos de agavillamiento (asociación ilícita para delinquir), incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción de la vía pública, daños violentos a la propiedad y detentación de sustancias incendiarias.
La radicalización de la represión generó respuestas en la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “por considerar que fue inadecuada la actuación del Gobierno con los estudiantes (…) No era necesario tomar represión porque era un campamento de protesta pacífica”, explicó el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón José Medina, a la prensa local.
La misión de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, además de la representación del Vaticano, suspendió la visita que se tenía prevista para el jueves y ayer se reunieron por separado con el Gobierno y la oposición para reactivar los suspendidos diálogos.
Sin posibilidades de acercamiento con el Gobierno, y con la represión a las manifestaciones estudiantiles en aumento, un grupo de familiares de detenidos organizó el Frente Nacional por la Liberación de los Presos Políticos. Desde el lunes de la semana anterior, varias víctimas y sus familias crearon esta instancia “con la intención de que nuestros muchachos salgan en libertad plena; sin ningún tipo de medida cautelar porque la protesta pacífica está contemplada en la Constitución”.
Así lo declaró a El Espectador Susana Rojas, madre de Luis Gonzalo Pérez, de 22 años, estudiante de comunicación social de la Universidad Santa María de Caracas. Rojas explicó que su hijo fue detenido el 26 de abril, en una manifestación en el municipio Chacao de Caracas. “Fue golpeado brutalmente, le dieron una patada en la cara y golpes en las piernas y la espalda. Pude verlo nueve días después de su detención y sólo por 10 minutos. Lo llevan esposado a los tribunales y en estos momentos comparte una pequeña celda con 16 personas. Sale a tomar el sol sólo los días lunes y por pocos minutos”.
También comentó que la primera vez que vio a su hijo en el centro de reclusión, éste le dijo: “Venezuela vale más que unos golpes, mamá”. “Por supuesto, me sorprendió su temple. Es un muchacho noble que protesta, con todo derecho, por la terrible situación económica del país. Él creció en este régimen y no conoce otra cosa; quiere un mejor país”. Pese a que un juez de control ordenó la libertad bajo fianza, Luis Gonzalo no ha sido liberado. “El tribunal está en receso y no se sabe hasta cuándo. Hago responsable a Nicolás Maduro por lo que le pueda pasar a mi hijo. Si antes nuestros muchachos marchaban solos, ahora sus padres los acompañaremos para protestar contra este caos de Gobierno”.
Ciertamente, la noción de futuro es lo que está en juego en estos momentos de diatriba y desencuentro entre los venezolanos.
Para Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano, “nuestros jóvenes luchan por un porvenir de oportunidades para todos y la respuesta que reciben del Gobierno es represión, malos tratos y torturas. Hemos recibido 33 denuncias concretas de detenidos que fueron vejados, torturados, desnudados y maltratados por parte de policías y militares”. Pero la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las torturas no son una práctica cotidiana en la gestión de Nicolás Maduro: “Los cuerpos de seguridad han actuado apegados a la Constitución, las leyes y los derechos humanos”.
Otra de las presas es Sairam Rivas, de 20 años, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su mamá, Sandis Moreno, asegura que hará hasta lo imposible porque su hija salga en libertad. “La situación de la familia es muy difícil. Su papá, Johnny Rivas, fue diagnosticado con cáncer de riñón en febrero pasado. Actualmente recibe tratamiento de quimioterapia y eso no ha sido impedimento para que nos acompañe en las gestiones de liberación de Sairam. Nunca pensamos que la presencia de mi hija en un campamento haya sido la causa de su detención”.
El 8 de abril, Sairam pernoctaba en el campamento instalado en Las Mercedes, en Caracas. “A las 3 de la mañana llegó la Guardia Nacional y se llevó a los muchachos a la fuerza”.
Reconoció que su hija no ha sido maltratada físicamente: “Sairam está en un espacio sin luz y con poca ventilación, junto a cuatro compañeras de campamento y dos presas comunes. Estuvo cuatro días sin cambiarse la ropa y sólo la he visto un par de veces por 10 minutos. Su temple es admirable porque no está quebrada psicológicamente, pero aun así es muy duro ver un hijo inocente preso”.
Otra de las detenidas y procesadas en la audiencia judicial con más detenidos en la historia reciente del país, con 120 personas aprehendidas, es Abril Tovar. Estuvo en el campamento instalado a las afueras de la sede del PNUD de Caracas. La madrugada del 8 de mayo, esta estudiante de nutrición de la UCV, de 22 años, fue sacada a la fuerza de la carpa en donde pernoctaba.
Su papá, Henry Tovar, miembro fundador del Frente Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, dice: “Haré lo que sea para que Abril salga libre sin cargos. La dejaron presa al menos 45 días mientras la Fiscalía investiga si hay elementos para enjuiciarla. Ella es inocente”.
Comentó que su hija “es una chica bien sensible y detesta las injusticias. No era activista del movimiento estudiantil, pero se incorporó a las movilizaciones después de los sucesos del 12 de febrero (marcha de la oposición en la que hubo tres muertos), porque estaba muy indignada por lo que pasó”.
“Cuando me informó su decisión de ir al campamento me preocupé porque la represión ha sido muy fuerte en estos días y porque Caracas es una ciudad demasiado insegura. Le hablé de los puntos en contra de la pernocta, pero respeté su decisión. Su mamá y yo les hemos inculcado a ella y a sus dos hermanos criterios y principios morales. Ella no es ninguna delincuente”, le dijo Tovar a El Espectador.
Hasta la semana pasada, Tovar no había visto a su hija, quien está en la sede del Sebin (policía política). “En la cárcel nos dicen que su aislamiento que es normal y que forma parte de un proceso de adaptación, que oscila entre una semana y 15 días para permitirle ver a sus familiares”.
Sólo ha recibido dos llamadas telefónicas de Abril. “La siento con seguridad y con fuerza. Estoy orgulloso de ella y de sus hermanos. No entendemos por qué la acusan, pero sí entendemos porqué protesta ella. No somos políticos, no hemos pedido la renuncia de Maduro, pero sí queremos un cambio para Venezuela”. La Fiscalía tiene 45 días para presentar una acusación en contra de los 11 presos en los campamentos.
“Pero yo aspiro a que todos salgan en libertad cuanto antes”, interviene Sandis Moreno”. “¿Qué va a investigar la Fiscalía? ¿Que un muchacho convoque a una marcha de protesta por la grave situación del país? ¿Es acaso eso un delito?”, pregunta Moreno.