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Algunos olvidan que en el caso con Nicaragua hubo una política de Estado durante 43 años que permitió que, no obstante las inconsistencias evidentes del fallo del 19 de noviembre, haya sido ratificada la soberanía colombiana sobre todas las islas del Archipiélago y que se le reconocieran a éste 140.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos.
Cuando a mediados de 1966, después de dos días de navegación continua desde San Andrés, estuve en los cayos Bajo Nuevo y Serranilla en el extremo septentrional de Colombia, sólo encontré algunos pescadores jamaicanos en unos cobertizos. Explicaron que ellos siempre habían pescado allí, con excepción de la época de la Crisis de los Misiles en 1962, cuando EE.UU. instaló baterías de cohetes que apuntaban hacia Cuba.
Por su parte, los pescadores de San Andrés y de Providencia, abandonados a su suerte, sólo se podían mover a escasas 3 millas de su base. Los buques de la Armada no frecuentaban el área, porque no había presupuesto para moverlos desde Cartagena, mientras que los norteamericanos mantenían los faros en Roncador, Quitasueño y Serrana. A San Andrés únicamente se le conocía al interior del país como un punto de venta de licores y electrodomésticos. Resulta por ello significativo que tiempo después, como parte de una política de Estado, se comenzaran a adoptar acciones y medidas para enfrentar a la codiciosa Nicaragua.
En 1969, el gobierno de Lleras Restrepo, tres años después de que Nicaragua otorgara concesiones petroleras al occidente del meridiano 82°, protestó aduciendo que el meridiano era el límite marítimo entre los dos países. Luego su canciller López Michelsen le exigió a los Estados Unidos la devolución de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. Sin embargo, fue el presidente Pastrana Borrero quien suscribió el Tratado en 1972 y dispuso que infantes de marina se destacaran en los cayos que habían sido reclamados por Nicaragua. Ya como presidente, López Michelsen, con visión extraordinaria, suscribió acuerdos de delimitación marítima con Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Haití.
Turbay Ayala enfrentó el intento sandinista de desconocer el Tratado de 1928 y siguió consolidando nuestra jurisdicción en el Caribe. Logró que el Tratado sobre los cayos entrara en vigencia; con Venezuela, culminó una negociación sobre la delimitación marítima en el Golfo de Venezuela y el Caribe Oriental, y, con Jamaica, se concertó un importante acuerdo de pesca sobre Serranilla y Bajo Nuevo.
Belisario Betancur firmó un nuevo acuerdo pesquero con Jamaica y logró la delimitación marítima con Honduras. Barco dispuso la instalación de faros en Serranilla y Bajo Nuevo y la Armada incrementó sus patrullajes en todo el Archipiélago, sin protestas de Nicaragua. Gaviria y su canciller Noemí Sanín, después de 20 años, lograron el Tratado de delimitación con Jamaica.
Durante la administración Samper, se solicitaron opiniones a asesores internacionales y se trató una vez más, sin resultados, de dialogar con Nicaragua sobre la delimitación. Al presidente Andrés Pastrana y su canciller les correspondió, con la previa consulta de la Comisión Asesora y los expresidentes, definir la estrategia para enfrentar la demanda nicaragüense. En el 2002, al presidente electo Álvaro Uribe se le explicaron los pasos dados hasta ese momento. Posteriormente, autorizó los subsiguientes alegatos.
En julio del 2010, la canciller entrante, María Ángela Holguín, fue informada del proceso y de la estrategia colombiana, que respaldó en todos sus puntos, y rechazó igualmente las renuncias presentadas por el agente y el coagente en el caso. Posteriormente, el Gobierno autorizó la estrategia para las audiencias, que fue respaldada por la Comisión Asesora y los expresidentes.
No ha existido una política de Estado más coherente. Si no hubiera sido así, la jurisdicción colombiana en el Caribe, incluso sobre algunos componentes del Archipiélago, sería simplemente una ficción.