Hambre. Abrumada por el hambre, Kassa D. fue a una base de la Misión de la Unión Africana en Somalia, compuesta por más de 16.000 militares de múltiples orígenes: vienen de Burundi, Uganda, Sierra Leona, Etiopía. Un traductor la ayudó a comunicarse. Estaba hambrienta y la razón era simple: la guerra y las sequías le prohibían el alimento. En Somalia, dos millones de personas carecen de los alimentos básicos. Comer es, para ellos, una forma cotidiana del milagro. Dentro de la base fue entregada a un soldado ugandés. Kassa D. sabía qué sucedería y sólo debía adivinar la variación del asalto: la violarían o quizá le pagarían por sexo. “Estaba preocupada —dijo tiempo después a investigadores de Human Rights Watch—. Quería correr pero sabía que la misma razón que me llevó allí también me sacaría de allí: mi hambre. Tomé una decisión y ya no pude retractarme”. Al final, caminando por una zona protegida por la Unión Africana y patrocinada por la ONU, Kassa D. salió con US$10 que el traductor le pagó por sus servicios sexuales.
Kassa D. acudía a la base porque era una práctica común. Por común, aceptada. Por aceptada, expandida. En septiembre de 2014 Human Rights Watch registró 21 casos de violación sexual por parte de las tropas de la Misión de la Unión Africana. Cambiaban sexo por comida o por medicamentos. La Unión respondió de manera lacónica: juzgar a toda una institución por hechos “aislados” resultaba “injusto”. Una respuesta similar fue formulada frente a las acusaciones de civiles del pueblo de Marca, al suroeste de la capital, Mogadiscio, quienes dijeron que esta semana los soldados, armados y bramantes, entraron a las casas de numerosos civiles, los sacaron a la calle y los asesinaron. Nueve jóvenes que jugaban en una cancha de fútbol fueron asesinados y ocho más heridos. La suma total fue 22 muertos, 26 heridos.
La versión de la Unión Africana reduce los muertos y cambia el escenario: no era una cancha de fútbol sino un centro de entrenamiento de Al Shabab, el ejército extremista al que sus tropas se enfrentan desde 2007, cuando la unión arribó a Somalia. Un enfermero, identificado como Mohamed Ali, dijo al medio Al Jazeera: “Fue una masacre de gente inocente (…). Nadie merecía esto. Si ellos (las tropas) quieren luchar contra Al Shabab, saben dónde están. Deben ir a pelear contra ellos, no contra gente inocente”.
Las tropas llegaron a la zona hace ocho años para ayudar a distribuir material humanitario en medio de una guerra civil continua y para luchar junto con las fuerzas del entonces Gobierno Federal de Transición —en pie hasta 2012, cuando fue creado el gobierno del actual presidente, Hassan Sheikh Mohamud—, una tarea en la que el Consejo de Seguridad ha tenido labores de vigilancia y aprobación de operaciones. Desde entonces las tropas han sido acusadas de numerosos actos en contra de los derechos humanos. En agosto del año pasado un grupo de manifestantes fue herido por las tropas. Uno de ellos dijo: “Ellos (las tropas de la Unión) apoyan a los señores de la guerra que tienen sangre en sus manos. Destruyeron más de 12 edificios”. En 2014, según Human Rights Watch, el Gobierno “desaprovechó oportunidades claves para impulsar reformas que detendrían las violaciones de derechos”.
Las investigaciones sobre los abusos sexuales por parte de las tropas continúan en proceso, mientras que las mujeres violadas tienen pocos mecanismos para denunciar. Entre los bandos de la guerra civil, los ciudadanos oran por miedo a Al Shabab, al Ejército y a Alá. No saben a quién culpar. Militantes de Al Shabab lanzan en ocasiones tres, cinco, diez morteros a bases de las tropas de la Unión desde zonas civiles en Mogadiscio. Después se van. Los habitantes guardan silencio: nada pueden decir. Incluso mirar es un modo de la blasfemia. Las tropas, convencidas de que la zona es adepta al grupo extremista, responden con un ataque sin discriminación. Una mujer recordó hace poco que por esa razón hubo de enterrar a tres familiares.